Se cumplen en pocos días cincuenta años de la proclamación de Don Juan Carlos I al frente de la jefatura del Estado a título de Rey, tal y como había dispuesto el general Francisco Franco. Paradójicamente, aunque no completamente inesperado, llegaba a la Corona española el hombre destinado a conducir a la Nación hacia una democracia plena, inscrita en el concierto de naciones libres del mundo occidental, desde una dictadura que, a lo largo de cuarenta años, había conformado sin práctica oposición el entramado institucional del Estado en todos sus niveles, desde el corpus jurídico, con sus correspondientes carreras judicial y fiscal, hasta las administraciones locales, pasando por las relaciones laborales en un mercado de trabajo estrechamente regulado. Nada, en definitiva, escapaba a la organización del régimen surgido de una terrible guerra civil que cercenaba desde su propia concepción las libertades políticas más básicas y condicionaba las relaciones sociales. Y, sin embargo, en el lapso inverosímil de siete años, Don Juan Carlos no sólo había capitaneado la demolición desde el interior de la dictadura y sentado las bases de una Transición democrática que se haría modélica en el mundo, sino que neutralizó con éxito un golpe de Estado militar. Pero más allá de las interpretaciones, la realidad es que menos de una década después de la muerte de Franco, un PSOE conducido ideológicamente por Felipe González y Alfonso Guerra hacia la socialdemocracia llegaba al Gobierno de España desde la legitimidad de unas elecciones constitucionales y tras cuarenta años de proscripción. Por supuesto, esta gran obra de libertad de la Corona española no estuvo exenta de dificultades, tanto internas como externas, porque tuvo que operar en entorno político internacional, el de la confrontación definitiva de la Guerra Fría, cuyos contendientes recurrían a todos los instrumentos a su alcance para debilitar al bando adversario, incluido, por supuesto, el apoyo a los movimientos terroristas y las terminales propias de desestabilización. La Transición española, no deberíamos olvidarlo, se hizo pese al embate del terror de grupos marxistas, como el FRAP y el GRAPO; de la extrema derecha, apoyada en un principio por el fascismo italiano, y, fundamentalmente, pese al acoso criminal continuo y creciente del terrorismo vasco, ensañándose sobre una sociedad que había expresado por activa y por pasiva, con dos referendos en 1976 y 1978, su voluntad de convivir en paz en el marco de una democracia constitucional, amparada por una Monarquía parlamentaria. El Rey que se enfrentó al golpe de militar era consciente de que no se podía ceder el régimen de libertades al terror de Eta, que había cometido más de cien asesinatos el año anterior, y actuó en consecuencia, sin más garantía que el apoyo de su pueblo. Esta obra de la Transición hace de Don Juan Carlos uno de los monarcas más trascendentes de la historia de España, desde los Reyes Católicos, y no será opacada por un comportamiento personal poco edificante, sin duda, pero en cuya resolución se adivina igualmente el rasgo de grandeza, de patriotismo y de vocación de servicio a los españoles que caracteriza a Don Juan Carlos. Nos referimos, por supuesto, a la dolorosa decisión de su renuncia al Trono en beneficio de su heredero natural, Don Felipe VI, en un proceso sucesorio ejemplar, llevado a cabo por quienes dirigían los dos grandes partidos de la política española, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, y que significaba, por una parte, el reconocimiento de los errores cometidos y, por otra, la consolidación de la Monarquía parlamentaria en un Rey que en sus más de diez años de ejercicio ha llevado a la Corona a ser un ejemplo de transparencia, dignidad y buen hacer, que nunca ha eludido su deber en defensa del orden constitucional y las libertades de los ciudadanos, y que es garantía de la permanencia de la Nación española en el concierto de grandes democracias.