La herencia ética del sanchismo

No hay día que pase sin que el sanchismo aporte nuevas pruebas de que no tiene siquiera una mínima capacidad de autocrítica hacia su conducta política. Su última aportación fue ayer de boca de Emma López, la portavoz adjunta de la ejecutiva federal del PSOE, que acusó a Núñez Feijóo de estar «dispuesto a vender lo que sea» para plegarse a la voluntad de Santiago Abascal en las negociaciones sobre el futuro gobierno de la Generalitat Valenciana. Lo llamativo es que se atrevió a decir que eso es porque «los populares buscan aferrarse al poder, cueste lo que cueste». Escuchar decir eso a quien representa a un partido que demuestra cada día no tener límite alguno para bunquerizarse en el poder es un reflejo de la degradación ética en la que se encuentra la actividad política en España. Esta es una de las más graves heridas que el PSOE sanchista va a dejar como herencia de su paso por el Gobierno de España: la carencia de ética pública por parte de quienes ejercen la elevada responsabilidad de tener en sus manos procurar el bien común de los españoles y preservar el interés general de España. Hasta la llegada de Sánchez a la política nacional, había normas no escritas, pero sí inscritas de manera indeleble en la conciencia del conjunto de los políticos, situados en todo el espectro ideológico, desde un extremo al otro. El respeto a la palabra dada y a los compromisos públicamente asumidos; la dimisión o el cese ante una conducta considerada inapropiada para el ejercicio de la responsabilidad política asumida y, por supuesto, ante un procesamiento, sin perjuicio de la presunción de inocencia, eran conductas asumidas pacíficamente como obligatorias en la actividad política. En especial, el carecer de Presupuestos o de mayoría para legislar significaba la dimisión y/o la convocatoria de elecciones. Todas esas conductas se encuentran presentes en el sanchismo en la actualidad, y la respuesta ya es conocido que va en dirección absolutamente contraria a lo expuesto. Llegando incluso al extremo de que todo un fiscal general del Estado esté siendo juzgado por la comisión de presuntos delitos estando en pleno ejercicio de tan cualificada responsabilidad judicial como garante de promover la acción de la justicia en defensa de la ley. Y que el presidente del Gobierno pretenda incluso normalizar tan inaceptable situación, llegando al extremo de cuestionar la independencia del Tribunal Supremo afirmando que lo visto en el juicio «acredita su inocencia». Aumenta la gravedad de lo comentado el considerar que el ejemplo que se proyecta a la sociedad española es que «el fin justifica los medios». Y que la verdad no existe.