Tras una rápida y penosa decadencia, queda probado que el Tribunal Constitucional es prescindible. Con seguridad, será algo necesario e incluso obligatorio en una democracia ‘avanzada’, pero se convierte en una amenaza cierta en una democracia ‘retrasada’ o en proceso de involución, precisamente por ser un instrumento de letal eficacia en el empeño de destruir el Estado de Derecho, sin el cual no existe ninguna democracia digna de tal nombre. El sentido principal de un Tribunal Constitucional no corrupto, moderno, es constituir un contrapeso a los poderes Legislativo y Ejecutivo, pero cuando se transmuta en el brazo ejecutor del poder Ejecutivo (del gobierno de turno), dicho tribunal no solo será incapaz de ejercer la función para la cual nació, sino que contaminará y bastardeará todo el sistema, consumiendo y aniquilando la confianza de los ciudadanos en la justicia, erosionando al mismo Estado, ensuciándolo gravemente. Un Tribunal Constitucional existe para la defensa de los derechos ciudadanos amparados en la carta magna. Pero, si se utiliza al TC para proteger y amparar derechos de unos cuantos particulares, contra el interés general, entonces ejercerá como valedor del capricho y beneficio de unos pocos, destruyendo la fe en la justicia por parte de la ciudadanía, que dejará de sentirse obligada a cumplir con la ley, incluidas sus ‘obligaciones’ fiscales. El ciudadano común se preguntará: “Si el mismísimo Tribunal Constitucional no cumple con las leyes, ¿por qué tengo que cumplirlas yo?”. En países con una clamorosa falta de cultura institucional, como el nuestro, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional puede ser corrupta en origen y obedecer a notorios intereses espurios de los gobernantes responsables del nombramiento. La única forma de asegurar que un Tribunal Constitucional no estará pronto corrompido es consolidar legalmente la elección digna de unos honorables miembros, que no se dejen sobornar ni seducir por nadie; personas rectas, intachables, que muy difícilmente cedan ante las amenazas. Esos profesionales están en alguna parte y deberían poder alcanzar la alta magistratura de un Tribunal Constitucional que no nos avergüence ni denigre a todos ante la Historia.