Inmigración irregular, una muy grave cuestión «de Estado»

La situación que la masiva inmigración irregular está provocando en el archipiélago canario exige que el problema se afronte con el rigor que merece, tan alejado de maximalismos de uno u otro signo, como de buenismos tan hipócritas como inasumibles. Lo primero que cabe decir es que ese fenómeno responde con carácter general a la situación de necesidad por la que atraviesan la población de países emergentes o subdesarrollados económicamente, y que buscan un futuro mejor para ellos y sus familias. La tecnología digital ha puesto ante sus ojos una diferencia de nivel de desarrollo y de vida que antes no tenían tan cercana alentando a la emigración, con las mafias jugando un papel determinante haciendo de esa necesidad un macabro negocio. A partir de estas premisas básicas se producen diversas expresiones de la misma en función de las circunstancias que la rodean, en que la geografía juega un decisivo papel.

Así, no es la misma situación la producida en la frontera de EEUU con México, por ejemplo, que la de España con la fachada africana en el Atlántico o el Mediterráneo. También es importante si la población puede integrarse en el país de acogida o está abocada a vivir sin voluntad ninguna de hacerlo debido a su religión –caso del islam– con una cosmovisión que la hace muy difícil, incluso por voluntad propia. La situación geoestratégica de España la convierte en uno de los principales países situados a la vanguardia de Europa respecto de la inmigración irregular a través del Mediterráneo. En el espacio central del mismo es el caso de Italia especialmente, y en el occidental el nuestro. En esta zona, la política migratoria española con las dificultades añadidas de la situación geográfica de Ceuta y Melilla, ha dado resultados incluso reconocidos como de referencia en los Consejos de ministros de Interior de la UE. Pero ahora el problema se ha trasladado a la fachada atlántica con Canarias. El pasado año la inmigración irregular ascendió a 23.000 personas en gran parte de «menas» –menores no acompañados– y para este año se estima sean 70.000. La sobresaturación de estos menores está ocasionando un serio problema de convivencia ante la imposibilidad de una debida atención a la avalancha de cayucos que llegan a nuestras costas, que se ha convertido ya en un problema político nacional al negarse algunas comunidades autónomas a acogerlos debido a su propia saturación al respecto. España debe plantear como una cuestión de Estado el tratamiento adecuado de este problema, que puede degenerar en una situación inasumible. La «multiculturalidad» es el fin de los estados-nación europeos. Con España en vanguardia.