La inseguridad jurídica

En sus primeros tiempos como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez frecuentaba la compañía de los grandes nombres del empresariado español. Los convocaba a actos públicos en los que Sánchez presentaba sus planes económicos. Nadie se ausentaba ante su llamada. Propietarios y altos directivos se fotografiaban con un Sánchez sonriente que, precisamente en situaciones como esa, constataba en qué consiste el poder.

Después se conformó la coalición con un partido, Podemos, que ocupa buena parte de su tiempo en desacreditar –y hasta insultar– a empresas y empresarios, y se produjo un efecto contagio: Pedro Sánchez creyó ver en esa actitud virulenta de sus socios hacia las grandes compañías españolas una fórmula para movilizar a sus bases y solidificar el voto. Así, empezó lanzando eslóganes prefabricados en los que insinuaba conspiraciones de «señores con puro» en «los cenáculos de Madrid». De ahí, derivó en señalamientos directos a cualquiera que no le diera la razón: «he escuchado a algunos dirigentes de bancos, a la señora Botín, al señor Sánchez Galán; creo que si protestan es que vamos en la buena dirección». Y ahora, asegura que Rafael del Pino se lleva Ferrovial a Países Bajos por «el interés personal» de pagar menos impuestos.

En cierto modo, la noticia sobre Ferrovial ha resultado ser balsámica para Moncloa, porque ha dado al presidente la posibilidad de desviar, parcialmente, el foco informativo que estaba centrado en la banda del Tito Berni. Pero hay un elemento de mayor calado que no se resuelve solo con estrategia comunicativa: la duda que la decisión de Ferrovial ha provocado sobre la seguridad jurídica de las empresas en España, cuando Pedro Sánchez está a solo cuatro meses de asumir la presidencia de turno de la Unión Europea. Es un duro golpe a la imagen europeísta que el presidente trata de ofrecer de sí mismo. Pero su reacción tampoco le ayuda en esa tarea, porque el próximo presidente de la Unión Europea ha destapado su ira en público contra una empresa española que ejerce la libertad de movimiento de personas y capitales que establece el derecho comunitario, para anunciar su traslado a otro país de la Unión. Merece una reflexión.