Jueces de piel fina

Leo que el 82% de los jueces españoles consideran que el Gobierno ha perdido el respeto al Poder Judicial. No es una percepción hecha a ojo de buen cubero, ni procede de fuentes corporativas: lo revela una encuesta dirigida por las Universidades de Newcastle (Australia) y la Tecnológica de Dublín, bajo el auspicio de la asociación norteamericana Law & Society, de Massachussets.

Que hasta esas instancias llegue el ambiente que se vive en nuestra Justicia debería invitar a la reflexión, pero no me hago ilusiones porque hemos llegado a un punto en el que ya nada sorprende, éxito de los autores de tanta aberración. Pero, en el fondo, esa encuesta no revela nada nuevo. Sin formar la Hermandad del Santo Lamento, los jueces tenemos motivos para lamentarnos: olvido, indiferencia, penuria de medios o la falta de respeto de unos y otros. Y en esto llevamos muchos años instalados.

Nadie niega –al menos yo no– que en una sociedad abierta, compleja, crítica y plural, se nos someta al escrutinio social y, por qué no, político. La crítica al juez siempre ha existido. Habrá que recordar cómo ya en la gestación del sistema moderno de control jurídico de las Administraciones, se criticaba a unos jueces anclados en la lógica del Antiguo Régimen. En el franquismo, jueces y políticos estábamos blindados frente a la crítica, la excepción eran alcaldes y de más munícipes. El delito de desacato nos protegía, pero no evitaba la censura procesal, eso sí, prudentemente dulcificada al añadir los abogados esa expresión formularia de «dicho en términos de estricta defensa», lo que se mantiene.

Al poco de iniciarse la Transición, el panorama cambió. La Judicatura fue captando que también estaba sujeta a la crítica, pero razonable. Sin embargo la realidad no ha sido esa, de ahí que hayamos alumbrado un novedoso género literario, el comunicado de repulsa. Típico de ese género es el empleo de expresiones estereotipadas como rechazar «enérgicamente» la crítica faltona o decir que la libertad de expresión y de crítica no ampara el insulto.

Frente a esa percepción del 82% de los jueces puede oponerse que lo mismo ocurre en otros países. Ahí tenemos a Trump acusando de fraude a sus jueces o las maniobras de Netanyahu contra el Tribunal Supremo israelí o, también contra el Supremo, el Reino Unido por sus resoluciones sobre inmigración. Se salvan países serios como Alemania, con un Gobierno que encaja deportiva y respetuosamente el correctivo judicial a su política energética. Salvo en Israel, en estos casos habrá críticas pero no se cuestiona el sistema judicial, ni con táctica militar se la machaca antes para legitimar su conquista. Aquí, sí.

La conclusión podría ser que con diverso borboteo en todas partes cuecen habas, lo que haría pensar que los jueces españoles, «al menos» ese 82%, tenemos un problema cutáneo: una piel muy fina. Pues no, porque en otros países su clase política habrá ido por unos andurriales impropios de una tradición de respeto hacia la Justicia; o sus Gobiernos podrán criticar a los jueces, pero respetan los límites. Ese no es nuestro caso: lo que nos diferencia es que hemos llegado a tal nivel de perversión que explica que ese 82% vea que aquí se van creando las condiciones para perseguirlos y que con palabras veladas o medias palabras, el mismísimo Gobierno no hace ascos a sentar a los jueces en el banquillo, de momento en el de una comisión de investigación; mullido, pero banquillo; en fin, un Gobierno que apunta maneras depuradoras.

Hablo de depurar y como nada hay nuevo bajo el sol, nuestro sistema político constitucional vuelve a estar en peligro cierto. A veces comento los bastantes años que me quedan para jubilarme, pero añado que no descarto que una mañana vea en el BOE que esa noche pasó la guadaña: una jubilación masiva de jueces. No son pesadillas distópicas: esa depuración ya se hizo y no en un pasado lejano, de barbarie política, sino bien cercano: en 1985 la ejecutó el partido que nos gobierna.

Al menos ahora hay reacción social. Son legión los que alertan de la barbaridad de la ley de amnistía, tanto por lo que tiene de infame como su letalidad jurídica: para sus coautores el Estado de Derecho queda en leyes aprobadas formalmente por las Cortes y que convalidará un Tribunal Constitucional formado, según el lenguaje periodístico-vulgar, por una mayoría progresista y una minoría conservadora; en el leguaje culto, por siete jueces gubernamentales y cuatro constitucionalistas.

Y, por cierto, aprovecho el uso de la palabra: hoy nos humillaremos en Bruselas. Allí un mediador oirá a esos celtíberos del sur, incapaces de respetar su Constitución y renovar su Consejo General del Poder Judicial. Veremos. Sólo deseo que volvamos por la senda, si no de la constitucionalidad, al menos de la normalidad. Espero no pedir demasiado.

José Luis Requeroes magistrado.