El Ministerio de Sanidad prosigue en su cruzada por entorpecer el acceso de los pacientes a los mejores tratamientos. Lo último ha sido denegar la financiación del primer fármaco para el insomnio crónico, que afecta a un 14% de los adultos en España y que crece al 30% en el caso de los profesionales sanitarios y otros trabajadores por turnos. No es algo anecdótico por volumen de población y menos por sus consecuencias en ansiedad y depresión. El argumento del departamento de Mónica García ha sido económico. Ha orillado que se los aboca al consumo de benzodiacepinas que el propio Ministerio anima a no prescribir por crear tolerancia y dependencia. Un disparate absoluto. El coste asociado al impacto sobre el sistema de salud por vetar el fármaco y no aliviar el drama diario de tantas personas cuestiona de por sí una decisión que en lo humano y lo clínico no se sostiene.