En el actual tablero internacional, Iberoamérica enfrenta una encrucijada. La región tiene un potencial inmenso para ser puente entre continentes, catalizador de innovación, polo estratégico de crecimiento. Pero ese futuro no será posible si no enfrentamos con decisión el mayor obstáculo que hoy se interpone en su camino: el deterioro del Estado de Derecho y la fragilidad de la seguridad jurídica.

Los síntomas son visibles y transversales: poderes judiciales presionados o cooptados, normas volátiles, corrupción estructural, debilitamiento del control parlamentario, criminalización de la protesta, impunidad en niveles intolerables. Y las consecuencias, devastadoras: no sólo afectan a la democracia y los derechos fundamentales, sino que golpean directamente la inversión, el crecimiento y la cohesión social.

¿Puede haber prosperidad donde no hay previsibilidad legal? ¿Dónde las reglas cambian al arbitrio del poder? ¿Dónde el acceso a la justicia está limitado? La respuesta es evidente. Sin reglas claras y aplicadas con independencia, no hay futuro posible.

Los datos no admiten discusión: según el World Justice Project, el 78% de los países latinoamericanos ha retrocedido en calidad institucional desde 2016 y resolver un litigio comercial en la región toma, en promedio, 768 días, con costes judiciales que superan el 25% del valor en disputa.

Y es precisamente aquí donde la abogacía debe asumir un papel transformador. No basta con ejercer la profesión en términos técnicos. En tiempos de crisis institucional, la abogacía tiene un deber democrático: ser garante del orden jurídico, defensora activa de derechos, promotora de reformas estructurales y constructora de confianza social.

Desde el ICAM creemos que es tiempo de actuar. Porque ser abogado hoy no es solo interpretar leyes: es defender principios, promover reformas, frenar abusos y proteger libertades. La abogacía no puede permanecer neutral ante el colapso institucional, ni callar ante la erosión de derechos.

La Cumbre Internacional ICAM 2025, que estos días hemos celebrado en Madrid, nace desde esta convicción. En un contexto de creciente incertidumbre global, Iberoamérica puede –y debe– liderar una agenda jurídica compartida, desde el respeto a las instituciones hasta la regulación de los desafíos tecnológicos, como la inteligencia artificial.

La elección del presidente electo de Venezuela para abrir esta Cumbre no es casual: encierra un alto valor simbólico e institucional. Venezuela encarna uno de los casos más extremos de deterioro del Estado de Derecho en el mundo. En 2024, ocupa el último lugar en el ranking global del World Justice Project, con una puntuación de apenas 0,26 sobre 1.

El país arrastra un derrumbe institucional que no solo ha desmantelado las garantías democráticas, sino que ha provocado un impacto económico y social devastador: fuga masiva de inversión, colapso de la productividad y una crisis humanitaria que ha obligado a más de siete millones de personas a abandonar su país.

Que esta Cumbre arranque con una voz que proviene de Venezuela es un mensaje rotundo: toda reconstrucción democrática comienza por el restablecimiento del Derecho.

Y, sin embargo, no todo es declive. La historia reciente de Iberoamérica también ofrece ejemplos elocuentes del potencial transformador que se activa cuando las instituciones funcionan y la legalidad se respeta. A comienzos del siglo XX, Argentina se situó entre las diez economías más prósperas del mundo. En las décadas de los 60 y 70, Venezuela fue referente regional de estabilidad y progreso. En los años 2000, Perú, Chile, Colombia, Uruguay, Panamá, República Dominicana, México y Brasil vivieron ciclos de crecimiento sostenido impulsados por la apertura económica y la responsabilidad fiscal. Incluso España y Portugal compartieron esa bonanza, en un momento de comunión transatlántica inédito.

Estos casos no son excepciones fortuitas: confirman que, allí donde el Estado de Derecho es fuerte, Iberoamérica puede competir de tú a tú con las economías más avanzadas del mundo. Lo que falta no es talento, ni recursos, ni creatividad. Lo que falta –en demasiados casos– son condiciones institucionales estables que permitan que todo eso florezca.

La buena noticia es que no partimos de cero. La región cuenta con instituciones multilaterales, foros de cooperación, universidades de excelencia, redes de juristas y una sociedad civil vibrante. Y sobre todo, cuenta con un capital humano joven, dinámico, cada vez más formado y más exigente con sus líderes y con sus sistemas jurídicos. Esa es la verdadera reserva estratégica de Iberoamérica.

Porque, como bien recordaba Mario Vargas Llosa: «Lo que define el futuro de un país no son sus recursos naturales, sino la calidad de sus instituciones y de su democracia».

Y ahí es donde la abogacía tiene un papel insustituible. No como testigo del deterioro, sino como agente del renacimiento institucional. Iberoamérica ha sabido renacer de sus propias crisis en el pasado, y puede volver a hacerlo si el Derecho ocupa el lugar que nunca debió perder: el centro mismo de la vida democrática.

Eugenio Ribón Seisdedoses Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM)