Mónica García y los corruptos del «Koldo-Ábalos»

El caso «Koldo-Ábalos» le ha abierto a la actual ministra de Sanidad, Mónica García, una oportunidad de oro para demostrar de una vez por todas que las descalificaciones que recibía de «sectaria» eran inmerecidas, y que su autoproclamada defensa de la Sanidad pública, esa de la que tanto hacía gala cuando opositaba sin éxito a la presidencia de la Comunidad de Madrid, no era lo que parecía, un fuego de artificio, una burda y estéril estratagema para derrocar a Isabel Díaz Ayuso, una treta parvularia dirigida a embaucar a los incautos en connivencia con sindicalistas, actores de la ceja y afines varios, y rascar a su costa un puñado de votos.

La trama socialista corrupta que expoliaba las arcas públicas con los materiales sanitarios en plena pandemia se lo ha puesto, coloquialmente hablando, a huevo.

Como máxima autoridad sanitaria del Estado, y en demostración de coherencia con sus planteamientos anteriores, García debería arremeter ahora contra el ex ministro de Transportes, su siniestra mano derecha, la presidenta del Congreso y la red de intermediarios que se lucraba presuntamente a costa del dinero de todos en medio de la desgracia ajena.

Y tendría que hacerlo, al menos, con la misma saña con la que hostigaba a la presidenta de la Comunidad por los contratos de su hermano pese a ser estos legales, como acreditó la Justicia.

Saquear fondos públicos destinados a la Sanidad está feo, pero hacerlo mientras centenares de pacientes morían víctimas de las acometidas del virus y del letargo del Gobierno a la hora de adoptar medidas preventivas y de comprar materiales de protección tendría que hacer recapacitar a la hoy ministra, si quiere ganarse el respeto de la ciudadanía y no sólo el de sus acólitos.

García lo tiene ahora muy fácil. Es ministra y desde ese cargo dispone de poder suficiente para acceder a toda la información sobre las compras que se realizaron por Sanidad entre febrero de 2020 y el fin de esta crisis. Le sugiero que revise especialmente decenas de contratos suscritos por el entonces responsable del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso Jiménez Palacios, y por la que era directora general de Farmacia, Patricia Lacruz. En los expedientes a su alcance comprobará que lo publicado en medios como LA RAZÓN posiblemente se quede corto.

Le sugiero también que hable con funcionarios de Sanidad, un departamento en que eran vox populi las irregularidades cometidas en las adjudicaciones a dedo a empresas desconocidas en el sector. Algunos le dirán que varias de las compras eran ordenadas fuera del Ministerio, desde arriba.

La ministra debería indagar también por qué Sanidad desoyó la lista de proveedores fiables que le proporcionó Fenin, la patronal de los productos sanitarios.

La defensa de la Sanidad pública consiste en esto, en destapar a los corruptos que se lucran con ella. No en ser tibios con ellos ni dedicarse a montar algaradas en las calles detrás de una pancarta.