Una monumental chapuza legal

La producción legislativa del actual gobierno frentepopulista pasará a la historia no sólo por su carga ideológica de ultra izquierda, sometida a los intereses de sus integrantes, desde la plataforma comunista de Podemos al PNV y Bildu pasando por ERC, sino también por su carencia de rigor jurídico que hasta ahora, al menos, no se cuestionaba en gobiernos precedentes cualesquiera fuera su signo político. El pago a sus socios y aliados es conocido, con los favores a los presos de ETA –incluido el traspaso de la competencia de la gestión penitenciaria al gobierno vasco– y de la valoración del Cupo, como contraprestación a Bildu y el PNV.

En cuanto a ERC, la eliminación del delito de sedición del Código Penal y la modificación del delito de malversación dejando sin efecto gran parte de la pena por la que fueron condenados por el Tribunal Supremo los principales responsables políticos del procés, además de haber sido indultados por Sánchez contra la opinión unánime y contraria del Tribunal sentenciador. El procedimiento utilizado para esa reforma ya hemos comentado que rompe drásticamente con el respeto debido a una norma legal de su importancia, pero con el usado para pagar a las facciones podemitas, se ha alcanzado el máximo descrédito conocido hasta el presente. Dos han sido las leyes de esa procedencia que están causando daños elevados a la reputación jurídicolegal de nuestras instituciones, en concreto del Consejo de Ministros y nada menos que de las dos Cámaras de las Cortes Generales.

Sin perjuicio de la especial responsabilidad del Ministerio de Igualdad como proponente de esos anteproyectos de ley –«Solo Sí es Sí» y «Trans»– lo cierto es que al Congreso llegaron ya como Proyectos del Gobierno remitidos por el Consejo de Ministros y no por el Ministerio de Igualdad. Estimar que en un mes aproximadamente ya serán en torno al millar los maltratadores, violadores y pederastas beneficiados por una ley cuyo objetivo era salvaguardar la integridad sexual de la mujer, da idea de la monumental insolvencia de la norma. Cabe preguntarse qué hay de los informes de los servicios jurídicos de las Cámaras, de la administración del Estado y de los grupos parlamentarios por los que esas iniciativas han debido pasar.

Sin contar además los del Consejo de Estado y del CGPJ no vinculantes, pero si preceptivos para los anteproyectos de ley. Ahora ya se conoce el caso de un maltratador «trans-formado» en mujer que solicita ser absuelto por no poder considerarse su actuación como violencia de género. Los casos en el deporte, las cárceles, los baños etc. ya se anuncian numerosos. Es toda una monumental chapuza.