El lunes 22 de septiembre se abrió en el Tribunal del Vaticano un proceso de apelación sobre la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado que dieron origen el 16 de diciembre de 2023 a varias condenas. La más noticiosa, sin duda, era la que afectaba al cardenal Giovanni Angelo Becciu: cinco años y seis meses de cárcel, inhabilitación perpetua para desempeñar cargo alguno y una multa simbólica de 8.000 euros.

El purpurado ha vuelto a presentarse con sus abogados defensores en la nueva Aula del Tribunal, instalada a partir de ahora en la que fue la vieja Aula del Sínodo de los Obispos, situada en la planta baja del Palacio Apostólico. Ha asistido impasible a las tres primeras sesiones orales celebradas y volverá al banquillo el 6 de octubre, cuando se renueve la vista de la causa. El Tribunal esta vez lo preside el arzobispo español Alejandro Arellano Cedillo, decano de la Rota.

Como se recordará, el origen de este tortuoso itinerario jurídico hay que situarlo cuando Becciu, entonces sustituto de la Secretaría de Estado, decide comprar un lujoso edificio situado en la Sloane Avenue de Londres valorado en 350 millones de libras esterlinas. La operación acabó siendo tan compleja y oscura por la participación de asesores financieros de muy dudosa reputación que finalizó con la venta del inmueble, ocasionando a la Santa Sede una pérdida de 139 millones de euros.

El inicio de este nuevo proceso no ha podido ser más enmarañado, con la puesta en tela de juicio del fiscal Alessandro Diddi, cuyo futuro está en manos del Tribunal de Casación del Vaticano que preside el cardenal Kevin Farrell. Tenemos por delante varios meses de interminables discusiones y no pocas sorpresas, más bien desagradables.