Pedro Sánchez no gobierna para los españoles: gobierna para mantenerse en el poder. Esa es la conclusión que se desprende de las conversaciones privadas entre el presidente del Gobierno y su exministro y entonces mano derecha, José Luis Ábalos, hoy imputado por corrupción. En ellas, se revela de manera descarnada que Sánchez aplica políticas que él mismo considera nefastas para la sociedad española con tal de satisfacer a sus socios y preservar su investidura.

Una de las revelaciones más significativas es su opinión sobre Pablo Iglesias, a quien califica como «torpe», «estulto» y «maltratador». Aun así, lo mantuvo como vicepresidente segundo del Gobierno. ¿Por qué? Porque necesitaba los votos de Unidas Podemos para continuar en La Moncloa.

Esta lógica, la de anteponer los pactos partidistas al interés general, no es un caso aislado. También se refleja, con igual crudeza, en la política de vivienda.

El 17 de diciembre de 2020, Pedro Sánchez ordena frenar las filtraciones sobre un posible decreto que compensaría a los propietarios afectados por los desahucios paralizados. Dos días después, admite que el contenido del acuerdo con Podemos le «inquieta», porque lo considera «un negociazo para los okupas y los grandes tenedores». Añade incluso un «yo por ahí no paso», dejando claro que rechaza el decreto por premiar tanto a quienes incumplen contratos como a los grandes fondos que delegan su riesgo en el Estado.

Sin embargo, solo tres días después, el 22 de diciembre, el decreto es aprobado sin cambios sustanciales. No solo se suspenden desahucios de inquilinos morosos, sino que se protege también a los okupas que se han instalado ilegítimamente en viviendas ajenas. Y, como temía el propio presidente, se consagra el derecho de los grandes propietarios a ser compensados por el Estado si la Administración no logra reubicar a los ocupantes en un plazo de tres meses.

En resumen, Pedro Sánchez aprueba una medida que considera perjudicial para la sociedad. No lo hace por ignorancia, sino con pleno conocimiento de causa. Gobernar así no es equivocarse: es actuar mal deliberadamente. Es subordinar el interés general al cálculo personal. Y eso convierte la política no solo en un error, sino en una forma consciente de deterioro institucional y social.