El profesorado ante el laberinto educativo

En un escenario incierto y convulso, comienza un nuevo curso escolar marcado por el desarrollo e implementación de la LOMLOE. Resultará clave el compromiso de la administración educativa de cara a evitar problemas similares a los acontecidos el pasado curso, entre otras cuestiones, por el retardo en la publicación de los respectivos currículos.

Con un Gobierno en funciones, asistimos a un escenario lleno de incertidumbre e inestabilidad, por la compleja aritmética parlamentaria y por las diferencias ideológicas y territoriales de los distintos grupos políticos que se trasladan a la educación.

Nuestro sistema educativo no puede seguir rigiéndose por la transitoriedad a la que se ha visto sometido durante los últimos años. El profesorado, familias y alumnado no pueden seguir sufriendo las consecuencias de la ausencia de diálogo entre los representantes políticos, que imposibilita el necesario consenso de cara a la estabilidad normativa necesaria para llevar a cabo los cambios estructurales y curriculares que nuestra sociedad y nuestro profesorado demandan.

Los partidos han de asumir la educación como una verdadera prioridad política y social, centrándose en la búsqueda de consensos y acuerdos que alejen la educación de la confrontación ideológica permanente y de las propuestas irreconciliables, siendo capaces de ponerse de acuerdo en cuestiones principales para resolver los problemas, buscando lo esencial y apartando lo accesorio.

En este contexto, asistimos a un nuevo curso lleno de retos pendientes. Estar en funciones no exime al Gobierno de avanzar y continuar desarrollando lo contemplado en la Ley de Educación, como lo relativo al futuro diseño de la profesión docente. Ya es hora de abordar la situación del profesorado y su futuro profesional, aspecto clave que debe abordarse de manera prioritaria, pero afrontándolo desde una perspectiva global y conjunta y no con propuestas aisladas, y contando siempre con su opinión, porque ningún proceso educativo de cambio, reforma o mejora puede arraigar, si no se cuenta con la implicación y el compromiso del docente.

Un profesorado que se siente desamparado por el creciente exceso de burocracia que afecta a su trabajo y el incierto desarrollo de la LOMLOE, en un entorno laboral marcado por múltiples protocolos que asignan responsabilidades que quizás van más allá del ámbito educativo. El centro educativo no puede convertirse en la caja de Pandora que dé respuesta a los cada vez más numerosos problemas de índole social que han de abordarse desde la participación conjunta de diversas administraciones.

La interinidad del Gobierno no debe frenar el avance en temas críticos ya contemplados en la LOMLOE. Esto incluye la Educación Infantil de 0 a 3 años, donde urge un aumento progresivo de plazas públicas y gratuitas, así como la asignación de la suficiente dotación de maestros o la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, donde es esencial una inversión en recursos humanos y materiales, así como la reducción del número máximo de alumnos por aula.

Muchos aspectos quedan aún pendientes de avance como los relacionados con la salud mental del alumnado y profesorado. Es necesario un compromiso de las administraciones competentes para abordar este grave problema en nuestros centros. La presencia de una enfermera escolar y la participación de personal especializado son claves para paliar los graves efectos de esta situación. Por otro lado, la climatización sostenible de las aulas, previa planificación de las necesidades reales, requiere de atención urgente.

Mirando al futuro, el reto principal que habrá de abordar el nuevo Gobierno, una vez se constituya, será cohesionar nuestro sistema educativo y disminuir la brecha entre territorios. Año tras año, los estudios tanto nacionales como internacionales reflejan las diferencias existentes, no solo entre nuestro país en comparación con los países del entorno, sino –lo que es aún más grave en una nación que predica la igualdad y equidad de su educación– entre las propias comunidades.

Corresponde al Ministerio de Educación, junto con los gobiernos autonómicos, liderar, coordinar e impulsar las reformas necesarias para vertebrar y cohesionar nuestro sistema educativo, así como combatir el fracaso escolar mejorando el rendimiento de todos los alumnos y revalorizar la profesión docente.

La mejora del rendimiento escolar ha de ser una prioridad de cualquier Gobierno. Para ello, una premisa fundamental será abordar la búsqueda de soluciones o estrategias para reducir las tasas de fracaso y abandono escolar, pudiendo comenzar por establecer actuaciones destinadas a combatir las elevadas tasas de repetición y abordar la reducción de las ratios máximas de alumnos por aula, inalterables desde la LOGSE.

Nuestra educación se enfrenta a múltiples desafíos y las autoridades han de contar con la participación del profesorado para abordar estos temas pendientes de mejora para garantizar una educación de calidad como piedra angular para el desarrollo personal; así como frenar las desigualdades, promoviendo la igualdad de oportunidades y conformando una sociedad formada, plural y tolerante. Sin lugar a dudas, la mejor apuesta de futuro de un país.

Francisco Venzalá,es presidente nacional del Sindicato de Profesores ANPE.