Huele a ambiente preelectoral. Por mucho que se empeñe el presidente del Gobierno en decir a los cuatro vientos que la legislatura llegará hasta el final, todo apunta a que los escándalos que rodean a Pedro Sánchez y al sanchismo, sumado a la presión de la opinión pública, harta de tanto desatino, y al cada vez más evidente desencuentro entre los socios de Gobierno, hace que la baraja preelectoral haya mezclado sus cartas y empiece a poner naipes sobre el tapete. Por eso, Sumar ya marca distancias con el PSOE y continúa elevando la presión en todos los frentes que le puedan beneficiar. Y uno de ellos es la vivienda, un problema que afecta ya a casi todas las capas sociales y que las soluciones aportadas solo están empeorando la situación. Aun así, Sumar sigue en sus trece de intervenir el mercado y quiere obligar al PSOE a que asuma la prórroga antidesahucios de los contratos de los alquileres que vence este año, entre otras medidas intervencionistas, y llevará su decreto ley a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, órgano previo que dictamina las medidas que aborda el Consejo de Ministros. Una vuelta de tuerca más a la presión que Yolanda Díaz ha decidido elevar para forzar al PSOE –que se resiste a asumir esta medida– a que se retrate y diga si quiere tumbar la extensión de los actuales contratos. Además, va a redoblar su presión en materia de fiscalidad, con un plan en el que va a insistir en su apuesta por las subvenciones y los subsidios, un nuevo paso para apuntalar una masa de voto cada vez más dependiente de los recursos del Estado. Me refiero a su nueva ocurrencia de aprobar una prestación universal por crianza. Una apuesta lanzada sin que se haya hecho un estudio de viabilidad financiera y que solo puede terminar en una bancarrota del Estado y en un efecto llamada para todo aquel que quiera vivir sin trabajar. La solución aportada por la líder de Sumar vuelve a tirar de demagogia: elevar la carga tributaria sobre las empresas y los ricos, a los que ya ha elevado la presión fiscal por encima de la media europea. En el caso de la vivienda, pretende salvar su plan social exprimiendo a las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis) para contrarrestar la supuesta especulación inmobiliaria que, a su juicio, han permitido PP y PSOE durante los gobiernos anteriores. Al menos tendrá enfrente al Ministerio de Economía dirigido por Carlos Cuerpo, su principal obstáculo en Moncloa, y al que tachan sin despeinarse de neoliberal solo por usar la lógica. Ver para creer.