Sólo el 8,8% de los españoles planea comprar una vivienda en un futuro próximo

Durante el pasado mes de enero el CIS preguntó que, ante una posible actualización de la Declaración Universal de Derechos Humanos, qué nuevos derechos deberían incluirse. En primer lugar, con el 73,9%, se situaban los derechos medioambientales, por ejemplo, derecho al agua potable y demás suministros, pero el derecho al acceso a la vivienda caía a la octava posición y con tan solo el 1,3% de las respuestas sobre un total de 2.391 entrevistas.

En febrero el CIS volvía a la carga y preguntaba a los españoles su opinión sobre el precio de la vivienda a un año vista; un 55,1% afirma que subiría frente a tan solo el 10,3% que indicaba que bajaría.

En el mismo estudio se determinaba que únicamente el 8,8% de los ciudadanos tenía planes para adquirir una vivienda en el próximo año.

El censo de viviendas habitadas del INE al finalizar 2020 era de 18,8 millones, que para una población de 47,3 millones resultaba una media de 2,5 personas por vivienda y 89,5 metros cuadrados de superficie por hogar.

El portal inmobiliario Idealista publica los datos de febrero de 2023 tanto de precio medio de alquiler como de compra de vivienda por metro cuadrado. El resultado es que el precio medio de alquiler por metro cuadrado se fija en 11,7€ por metro, y el de compra es de 1.960,00€ por metro. Justo un año antes era de 10,8€ y 1.815,00€, respectivamente. La subida en una año ha sido del 8,7% y del 8,0%.

El mismo portal indica que el número de segundas residencias alcanza los 3,7 millones. Además la ineficiencia de las políticas públicas hace que otros 3,4 millones de viviendas vacías no estén en venta ni alquiler. Legislar medidas que protejan al propietario permitiría aflorar al mercado millones de viviendas en alquiler. Pero ante la falta de sensibilidad de este gobierno con la propiedad, nos encontramos con una situación cada vez más compleja. Crece la población y no el parque de viviendas. Las políticas gubernamentales de contención de precios de alquiler por la vía del BOE solo sirven como propaganda política y espantan a los propietarios, disuadiéndolos de alquilar su vivienda por falta de garantías y por imposición oficial de precios. La solución es la misma que para otras tantas cosas: liberalización del mercado de alquiler y al mismo tiempo un programa nacional de construcción de centenares de miles de viviendas de protección oficial. Necesarias porque los jóvenes españoles, como sus mayores, prefieren comprar a alquilar, pero su sueldo no les permite ni una ni otra cosa.

Con el elevado nivel de paro con el que las políticas gubernamentales castigan a los jóvenes, con la precariedad laboral que sufren por falta de una política laboral gubernamental realista y valiente, y por los sueldos tan bajos consecuencia de las dos situaciones anteriores, los jóvenes cada vez abandonan más tarde el hogar de los padres.Las políticas sociales de desalentar el trabajo y apoyar la vagancia y el nulo esfuerzo propician la marginalidad. Cada vez son más los que se adaptan a vivir con la limitada, pero suficiente, paguita. Esta rentita obviamente no da para un alquiler o pagar una cuota de hipoteca, por lo que desde lo más alto no se ataja la okupación, que es una forma chulísima de vida y además alivia la presión ante la falta de vivienda social, eso sí atacando el derecho constitucional y universal de propiedad. La vivienda o segunda vivienda, la mayormente okupada, es fruto del ahorro de toda una vida de trabajadores y clase media. La falta de medidas legales permite que los malhechores se adueñen impunemente del fruto del trabajo y ahorro de las personas laboriosas, tolerando la conducta deshonrada, frente al de las personas honradas.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) advertía en 2022 que el 14% del PIB español se despilfarra por inversiones/gastos ineficientes por parte de las Administraciones; concretamente 60.000 millones anuales. A los que hay que unir otros 38.000 millones de euros reservados en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para pagar intereses de la gigantesca deuda pública del Gobierno, generada por renunciar al control del desmedido gasto público. Estamos hablando de 98.000 millones de euros, es el 22,8% de nuestro PIB. Suficiente para edificar más de 400.000 viviendas en un año.

Mientras, la construcción de vivienda pública está en mínimos históricos y tampoco se promociona la de iniciativa privada de protección oficial. Las alternativas son chulísimas, residir en casa de los padres indefinidamente, vivir hacinados en un piso compartido con habitaciones alquiladas o emular a la joven Colau, okupando.