
Tribuna
Sustitutos: estaba anunciado
Ahora los jueces reaccionan, en especial los de las últimas promociones. Se encuentran con una Judicatura paralela, en la sombra, gestada a base de tolerancia. Y se escandalizan
Toca hablar del proyecto de reforma de la Carrera Judicial, segunda iniciativa estrella del Gobierno tras la ley de eficiencia de la Justicia. El proyecto es amplio y me ciño al aspecto, para mí, más inquietante: cómo quiere este Gobierno seleccionar a los jueces o, quizás, a «sus» jueces. Un Gobierno que los ve como un peligro incontrolado, que no oculta su animadversión hacia ellos, unas veces directamente, otras proclamando un respeto que es trampantojo o dejando el insulto a sicarios políticos o mediáticos. Con esas premisas comprenderán que hay motivos para la inquietud.
Como no todo tiempo pasado fue mejor, conviene no olvidar que lo que vivimos ahora responde al código genético del socialismo patrio. Sin remontarme a la Segunda República, basta recordar que en 1982 puso en marcha una política dirigida a desvitalizar el principio de separación de poderes y eliminó a centenares de jueces; es más, lo que el actual proyecto presenta como novedad no pasa de insistir en medidas instauradas por el ahora ¡añorado! González o de repescar otras que fracasaron.
Como digo, el proyecto es de muy variado contenido y todo con esos aires tan propios de la política judicial socialista. Por una parte, lo ya apuntado: desvitalizar la Justicia como poder -y poder independiente del Estado-, objetivo coherente con el de desvitalizar y/o controlar todo lo que pueda limitar a un poder político que se concibe totalizante. Y por otro, dándole ese tufillo tan suyo que rezuma mediocridad, repelús hacia lo que suene a excelencia, esfuerzo, rigor, prestigio, en definitiva, mérito y capacidad.
En próximos artículos me centraré en otros aspectos, ahora me quedo en el de hacer jueces a los casi mil licenciados que ejercen de jueces sustitutos, eso que se viene denominando la «Justicia interina», expresión -perdonen la vanidad- que acuñé hace más de treinta años, cuando lo que ahora vivimos lo vaticinábamos algunos en bastante soledad. Y es que esa Justicia interina significa que sin acreditar conocimientos jurídicos, sin superar prueba alguna y echando mano de contactos, se puede ejercer durante años de juez, una humillación para los que se esfuerzan o se han esforzado para ser jueces opositando.
El proyecto pretexta que hacerles jueces lo impone la jurisprudencia europea para atajar temporalidad en el empleo. Mentira. Esa jurisprudencia no dice que se les haga jueces por aluvión, mediante un examen de cartón piedra, facilitador. Sus beneficiarios sabían que eran eso, interinos, y que podían ser jueces opositando o, duro es decirlo, mediante el Cuarto Turno, y muchos no lo han hecho; es más, otros sí, y vivimos el sindiós de que un sustituto suspenda por carecer de nivel y siga dictando sentencias.
Si es así, ¿cómo hemos llegado a esto? Son varias las causas y, desgraciadamente, llevaba razón el ministro de Justicia hace pocos días en el Congreso: el monstruo de la Justicia interina lo ha engendrado y alimentado la propia Judicatura. Año tras año, los jueces sustitutos han sido propuestos por las Salas de Gobierno, ojo, elegidas por los jueces; es la Judicatura la que ha engordado esta otra Judicatura en la sombra, paralela, manifestando con hechos la sorprendente paradoja de que lo suyo puede hacerlo cualquiera y con este espíritu ¿cómo se puede pedir respeto si tú no estimas lo que haces, eres y tanto te ha costado?
Con todo, conviene ser comprensivo. Tras esa contradicción se mezcla una frustración profesional que lleva al desapego por la falta de estímulos, de reconocimiento del esfuerzo, del prestigio, y una reacción ante un trabajo desbordante que alimenta como única política judicial la del «más y más jueces», y a falta de jueces se nombra interinos. Todo aliñado, además, con esa lluvia que ha ido calando, asumida por la Judicatura, que concibe a la Justicia como un servicio público más, administrativizado, y que explica esa otra ley, la de eficiencia, con la que el gobierno gestiona «su Administración judicial» en la que, tú juez, sólo eres personal resolutor.
Aquí surgen las responsabilidades políticas. Al político poco le importa una Justicia que no entiende, sólo sabe que le incordia; no ha dignificado la profesión de juez, ha contribuido al desapego del propio juez a su condición y función; un político que tampoco ha diseñado una organización judicial razonable para contar con los jueces estrictamente necesarios y, en su lugar, sigue la inercia del «más y más jueces» para llenar un sistema irracional que nunca se colmará.
Ahora los jueces reaccionan, en especial los de las últimas promociones. Se encuentran con una Judicatura paralela, en la sombra, gestada a base de tolerancia. Y se escandalizan. Saben lo que es luchar por ser juez, lo que son años de estudio: nadie les ha regalado el cargo; son jueces vocacionales. Deseo que en su indignación arrastren a muchos más, a mí desde luego.
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