Ahora cualquier gobierno podrá amnistiar a quien quiera. Sin duda será por su conveniencia, y lo podrá motivar con la sentencia de Pumpido, de quien sus togas no han rehusado ni «el polvo ni el fango del camino» para servir al interés de su jefe, no al del Estado. Resulta que el artículo 62 de la Carta Magna prohíbe los indultos generales y la amnistía, que es un beneficio penal muy superior al no estar expresamente prohibida –según él, cabe en la Constitución–. De «autoamnistía» se ha calificado a esta decisión que solo se prevé –en general– por «razones de Estado» y para circunstancias extraordinarias y mediante un acuerdo político entre el Gobierno y la oposición. Nada de eso se ha producido en esta ocasión, que ha significado autoamnistiarse por Puigdemont a cambio de sus 7 votos, necesarios para que Sánchez siga en La Moncloa. Al haber huido, no pudo ser juzgado y condenado y por ello tampoco ser indultado, y de ahí la exigencia de su autoamnistía que el mismo Felipe González ha calificado de «barrabasada». Que establece dos categorías de ciudadanos ante la ley, violando la igualdad ante ella, ex art. 14 CE: unos son los secesionistas que promovieron un auténtico golpe de Estado contra la Unidad Nacional, que no han dejado de proclamar que «lo volverían a hacer» –que gozan de impunidad–, y otros, el resto de españoles. Es evidente que una amnistía hubiese podido ser una hipótesis teórica si los condenados hubiesen expresado una clara voluntad de no repetir aquella ilegal conducta política, pero lo que ha hecho Sánchez es incluso facilitarles el camino para su repetición modificando el Código Penal para hacer desaparecer el delito de sedición por el que les juzgó y condenó el Tribunal Supremo. Ahora está pendiente de resolverse la indefinición sobre la malversación que impide a Puigdemont regresar de Waterloo, y entretanto el TJUE se pronunciará y podría revocar este fallo «a la carta» de Pumpido. Todo en coherencia con su predecesor Frente Popular de 1936, al que le faltó tiempo para también amnistiar a los autores del golpe revolucionario de 1934, apenas alcanzado, previo pucherazo, el gobierno. El sanchismo es el segundo Frente Popular de nuestra historia y el daño infligido al orden constitucional lleva el mismo camino. «No hay mal que por bien no venga» y su patético papel en la OTAN le ha retratado ante el mundo, y de facto, es un cadáver político. Para el Gobierno y Pumpido es una ley «positiva para la convivencia» y para Junts es «una enmienda de totalidad a la represión del Estado, y un triunfo del separatismo».

Convivencia clara.