Hablar críticamente acerca de la situación conflictiva que está creando la creciente inmigración irregular supone incurrir directamente en la censura de lo «políticamente incorrecto». Espacio informativo delimitado por el «Equipo Internacional de Información Sincronizada», que tiene a su servicio en La Moncloa y sus terminales mediáticas a una numerosa delegación. Esa «corrección política» está al servicio de intereses que no son ni los de España ni, por supuesto, los de esos menores, que son tratados como mera mercancía lucrativa criminal por las mafias que actúan a la orden de unas élites que buscan establecer un Nuevo Orden «unipolar» donde, –eso sí–, el único polo de poder y gobierno sea el suyo.

La inmigración «irregular» es en este momento un problema político de extraordinaria importancia para Europa occidental. También es considerado así por Donald Trump en EE. UU., pero, entre otras razones, al ser la irregular europea en gran proporción de origen musulmán, el problema es aquí de mayor gravedad. La razón es que la cosmovisión islámica es muy diferente a la cristiana sobre cuyas raíces se construyó la actual Europa. Los valores y principios de esas raíces –al margen de ser o no ser creyentes los ciudadanos, o en su caso practicantes de dicha religión– son los que impregnan la cosmovisión cultural de la sociedad europea, que la está perdiendo de manera acelerada en una sociedad crecientemente descristianizada. Lo que conlleva también el perder en amplias zonas de población de diversos países su propia identidad histórica y nacional, al estar sumidos en una virtual dictadura del relativismo ético y moral, propio de la cultura woke.

Ante esta situación, el riesgo de una islamización social aparece como una realidad en distintas ciudades, de las que las «banlieues» de París o de la misma Londres –con un alcalde musulmán elegido por los ciudadanos londinenses– son un ejemplo muy significativo de ello. En este contexto, descalificar como «racistas o xenófobos» a quienes critican a la inexistente «política migratoria» de España, que se limita a acoger por razones humanitarias –que sin duda es una obligación inexcusable– a los «menores extranjeros no acompañados» (menas) para distribuirlos por el territorio nacional al gusto de sus aliados políticos tan progresistas como Puigdemont, es lamentable e inadmisible.

A estos efectos, cada día que pasa crece la oposición hacia esa política que incluye, además, la transferencia de la gestión de la política sobre extranjería y migración que es una «competencia exclusiva de titularidad estatal». El dirigente socialista García-Page calificó ayer mismo esos pactos PSOE/Junts como «de los más graves que ha habido en democracia». Y que «les puede llevar a la ruina como proyecto y partido».