Hasta 526 niños y niñas acudieron este verano al polémico campamento denunciado por delitos contra la libertad sexual

526 niños participaron en los campamentos de verano que actualmente son objeto de una investigación judicial por presuntos delitos contra la libertad sexual. La asociación Sarrea Euskal Udalekua organizó estos eventos en los municipios de Bernedo, Goñi y Abáigar durante los meses estivales.

La Ertzaintza inició las primeras indagaciones tras recibir testimonios sobre posibles abusos, generando un atestado oficial que fue remitido al juzgado de Vitoria en abril, sin que se adoptaran medidas preventivas inmediatas.

Las denuncias documentadas abarcan múltiples ediciones de campamentos, desde 2021 hasta 2025, revelando prácticas cuestionables como duchas colectivas obligatorias, juegos humillantes y comportamientos inapropiados por parte de los monitores.

Detalles de la investigación

La organización, que se autoproclama como promotora de espacios "euskaldunes y feministas", ha defendido públicamente algunas de sus prácticas como métodos para "deconstruir la sexualización". Entre sus representantes destaca el poeta Aner Peritz, quien se identifica como no binario.

Las autoridades, incluyendo el diputado general de Álava, Ramiro González, y la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, han manifestado su preocupación por la falta de intervención temprana. El Defensor del Pueblo Vasco ha argumentado que se trata de una relación entre particulares.

Cuatro denuncias formales documentan los presuntos delitos, con familias y afectados expresando profundo trauma por las experiencias vividas. Aproximadamente 200 padres han mostrado su apoyo a los organizadores con un comunicado titulado "Nosotros elegimos de nuevo Bernedo", en el que consideran algunas prácticas como espacios "políticos" para fomentar la diversidad.

El juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria ha iniciado diligencias, con tres menores próximos a prestar declaración. La investigación continúa abierta, recopilando testimonios y analizando exhaustivamente los hechos denunciados.

El caso ha generado una intensa polémica social, poniendo de manifiesto la complejidad de abordar situaciones de posible abuso en entornos educativos alternativos, donde los límites entre la pedagogía experimental y la vulneración de derechos pueden difuminarse.

La instrucción judicial determinará finalmente el alcance de los presuntos delitos y las responsabilidades correspondientes, en un proceso que promete revelar detalles significativos sobre estas controvertidas prácticas.