Illa encarga proponer el precio de las mascarillas al órgano que distribuyó miles de ellas defectuosas

El Gobierno ha encomendado a la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia que elabore la propuesta de importe máximo de venta al público de las mascarillas y otros productos sanitarios destinados a prevenir los contagios por coronavirus.

Así figura en la orden aprobada por el Ministerio de Sanidad para evitar “situaciones abusivas” en el coste de estos dispositivos de protección que entró en vigor ayer en el Boletín Oficial del Estado. Se trata de la misma instancia administrativa implicada precisamente en el envío a las comunidades autónomas de una partida de miles de mascarillas defectuosas, lo que ha desatado la ira de las profesiones sanitarias.

Centenares de médicos y enfermeras las utilizaron durante un periodo aproximado de diez días, corriendo un alto riesgo de contagio durante la atención a los pacientes. Precisamente ayer, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos anunció su intención de personarse ante cualquier acción jurídica que se ponga en marcha contra los responsables de este escándalo.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería también prepara una querella, y ha descalificado la gestión del Ministerio en la gestión de la crisis y la desprotección a la que ha sometido a los profesionales de la sanidad por su falta de previsión a la hora de adquirir materiales de protección.

La dirección general, a cargo de Patricia Lacruz, también se vio implicada en la compra de una partida de test defectuosos que fue enviada a las comunidades autónomas a través de un intermediario cuyo nombre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se niega a hacer público.

Según la orden aprobada por este departamento, la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia es la responsable de convocar a los miembros de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos que fijará el coste de las mascarillas y otros productos afectados.

Su propuesta se someterá “a la deliberación y decisión de la Comisión en dicha sesión extraordinaria” que se celebrará previsiblemente mañana. Una vez alcanzado el acuerdo, será el órgano que dirige Lacruz el encargado de elaborar un documento de la bajada. Sanidad encomienda también a esta dirección general la “notificación o, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial del Estado del anterior acuerdo”.