Los pacientes recogen firmas para que Sanidad no liquide sus asociaciones

La cruzada que el Ministerio de Sanidad pretende desatar contra la industria farmacéutica aprovechando la reconstrucción a la que, según dice este departamento, quiere someter al Sistema Nacional de Salud tras la pandemia va a tener como grandes damnificados colaterales a los médicos y sanitarios por un lado, y a los pacientes por otro. Como ya adelantó LA RAZÓN la semana pasada, a los primeros pretende excluirles de la formación que actualmente les procuran los laboratorios farmacéuticos y las empresas de tecnología mediante la visita médica o la financiación de eventos, simposios o congresos. El último borrador de plan de acción para la transformación del SNS en la era post-Covid-19 subraya que “la formación continuada debe estar enfocada en las competencias y la calidad de las prácticas profesionales en todo el SNS, alejadas de las influencias de la industria y localizada mayoritariamente en el ámbito público”. Según expone, “la formación debe obedecer a mejorar objetivos del SNS y no tanto a las preferencias de las/os profesionales que, siendo legítimas, pueden no coincidir con el desempeño de sus competencias en el sistema”.

Las propuestas del Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica recalca por su parte que “la formación continuada debe fomentarse, tutelarse y financiarse por las administraciones sanitarias”, lo que excluiría a la industria sin que hubiera al mismo tiempo un sistema alternativo para proporcionar esa formación. Dicha propuesta terminaría por llevar al paro, además, a alrededor de 20.000 visitadores médicos que actualmente trabajan para la industria farmacéutica o tecnológica”. A los enfermos, esta ofensiva también les toca de lleno. Como informó este periódico, la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac), Begoña Barragán, ha interpelado en una misiva al ministro de Sanidad, Salvador Illa, por el contenido del dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso. Dicho dictamen prohíbe “todo tipo de apoyo, directo o indirecto de la industria, alejándose de lo que es práctica general en los países de la Unión Europea”, según la carta.

“Señor ministro, estoy convencida de que a usted le han ocultado el régimen de transparencia, independencia y respecto mutuo por el que se rigen las relaciones entre las asociaciones de pacientes”. La iniciativa del Gobierno cortaría de raíz la principal fuente de financiación de las asociaciones de enfermos, lo que, a juicio de éstas, abocaría a la desaparición de la mayor parte de las existentes actualmente. Tal es la preocupación, que Gepac ha emprendido una campaña de recogida de firmas para que, precisamente, las asociaciones no desaparezcan. “Muchas asociaciones como el Grupo Español de Pacientes con Cáncer estamos condenadas a desaparecer si el próximo 22 de julio se aprueba el punto 47.2 del dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, en el que se hace referencia a las asociaciones de pacientes y no para apoyarlas, sino todo lo contrario, ya que en él se establece la prohibición de todo tipo de apoyo, directo e indirecto, de la industria”, subraya esta organización en un comunicado para la recogida de firmas.

Gepac aglutina a 71 asociaciones de pacientes, 22 miembros corporativos y 10 divisiones propias, que abarcan los tumores raros, mama, cabeza y cuello, hígado, páncreas, próstata, pulmón, riñón, piel y melanoma.