El plan de Illa contra Muface y la privada saturaría la Sanidad Pública con cinco millones más de pacientes

La ofensiva que el Ministerio de Sanidad está a punto de desatar contra el modelo Muface, que presta cobertura sanitaria a los funcionarios de la Administración General del Estado, a funcionarios judiciales y a miembros de las Fuerzas Armadas, así como contra la Sanidad privada puede dejar una damnificada clara: la Sanidad pública. Fuentes del sector aseguran a LA RAZÓN que si finalmente se llevan a cabo las propuestas incluidas en el último borrador de “plan de acción para la transformacion del SNS en la era post-Covid-19” que ha elaborado el departamento que dirige Salvador Illa, el Sistema Nacional de Salud (SNS) tendría que asistir de golpe a alrededor de cinco millones de pacientes adicionales sin contar con recursos suficientes para dar respuesta a tal sobrecarga adicional y justo en un momento en el que las listas de espera se encuentran en cifras récord.

Como informó este periódico, las esperas diagnósticas y quirúrgicas se encontraban a finales de año en el punto más alto de toda la historia tanto en lo que se refiere al número de pacientes en espera como en la demora media. Este problema se ha disparado en el primer semestre como consecuencia de la pandemia de Covid-19, que hizo que los gestores sanitarios volcaran todos los recursos a la atención de los pacientes infectados por SARS-CoV-2 y suspender las consultas e intervenciones quirúrgicas programadas no urgentes del resto de enfermos libres del virus. Aunque todavía no hay datos oficiales al respecto, las cifras pueden ser gigantescas. ¿Qué ocurriría si la Sanidad pública tiuviese que hacerse cargo además de cinco millones de pacientes adicionales? ¿Colapsaría el sistema? Fuentes del sector explican la procedencia de esos cinco millones. Alrededor de dos millones se corresponden con los funcionarios adscritos a Muface, Mugeju o Isfas y sus beneficiarios.

Es cierto que el sistema público podría beneficiarse de los fondos que ahora se destinan a la atención de estos funcionarios, pero según las cifras en poder de la patronal de la sanidad privada Aspe, la asistencia sanitaria de cada funcionario bajo este régimen le viene costando al Estado 341 euros menos por paciente de media al año. Como se recordará, el modelo Muface permite a los empleados públicos en cada ejercicio elegir dónde quieren recibir atención sanitaria: o en la pública o en la privada. Los últimos datos revelan que cerca de un 84% se decantan por esta última modalidad de provisión. Los tres millones de pacientes restantes que contribuirían a colapsar la sanidad pública se corresponden con empleados de empresas privadas que se benefician de una desgravación media de alrededor de 500 euros por su seguro de salud.

Si esta desgravación desaparece, como pide el documento de Sanidad, la mayor parte de las empresas no harían estos seguros y se produciría un importante trasvase de pacientes a los dispositivos públicos que ahora reciben atención en la privada. El borrador ha sido impulsado por el secretario general de Sanidad y número dos de Salvador Illa, Faustino Blanco. En su elaboración han participado algunos expertos de izquierdas muy conocidos por su visión radical de la sanidad como Juan José Rodríguez Sendín, Ramón Gálvez o Fernando Lamata, entre otros.