La izquierda pone en la diana el modelo Muface de los funcionarios

La izquierda más exacerbada vuelve a la carga contra el modelo Muface, objeto de sus iras desde tiempos inmemoriales. Los últimos en sumarse a esta guerra sin sentido son los diputados de Unidas Podemos, al demandar mediante una proposición no de ley que los nuevos funcionarios que se incorporen a la administración se adscriban directamente en el régimen general de la Seguridad Social, lo que les privaría de forma automática de la capacidad de elegir cada año entre una asistencia médica pública o privada encuadrada en el llamado mutualismo administrativo. El asunto no es baladí, porque al cabo de unos años, ante el envejecimiento de las plantillas y su consiguiente reposición, no serían pocos los funcionarios que dejarían de pertenecer al régimen de Muface.

A pesar de concebirse como un ataque a la prestación asistencial que ahora ofrecen clínicas y hospitales privados a través de las aseguradoras concertadas, la ruptura de este modelo asestaría un duro golpe a la Sanidad pública que tanto dicen defender los diputados de la formación morada, y que ahora obliga a soportar a sus beneficiarios una demora media de 148 días para una operación, sobrepasando en algunas regiones los 200 días. ¿Se imaginan hasta dónde se dispararía esta lista de espera si pasaran a recibir atención en la pública los 1,8 millones de personas que ahora cuentan con Muface? El cambio de modelo le supondría además al Estado un sobrecoste de entre 720 y 800 millones. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ahora paga 917 euros por la atención de cada usuario de Muface frente a los 1.368 euros que le cuesta cada usuario de la pública. En fin, un dislate en toda regla.