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Test y bajas laborales: el Gobierno siempre llega tarde

El Ejecutivo sigue llegando tarde a todos los frentes que surgen durante la pandemia

Han hecho falta casi seis meses desde la autorización y 85 días desde el estallido de esta ola para que Sanidad intervenga en el precio de la venta de los test en farmacia
Han hecho falta casi seis meses desde la autorización y 85 días desde el estallido de esta ola para que Sanidad intervenga en el precio de la venta de los test en farmaciaAlberto R. RoldánLa Razón

Apesar de los meses transcurridos y de la experiencia adquirida, el Gobierno sigue llegando tarde a todos los frentes que surgen durante la pandemia. Los test de autodiagnóstico son uno de los ejemplos de este despropósito permanente. En diciembre de 2020, el Ministerio de Sanidad no los veía necesarios pese a la insistencia de Madrid en que se permitiera su venta en farmacias. En verano del año siguiente, ya sin Salvador Illa, el departamento dio su brazo a torcer y desde entonces hasta ahora no había regulado su precio.

Han hecho falta casi seis meses desde la autorización y 85 días desde el estallido de esta ola para que Sanidad intervenga. Un tiempo en el que los contagios se multiplicaban de forma inversamente proporcional a la ausencia de medidas estatales para controlar el virus, y en el que los precios se desbocaban, permitiendo a numerosos proveedores y también a algunas farmacias hacer su agosto en pleno invierno. Afortunadamente, Sanidad no ha cometido el error de permitir su venta fuera de este canal, porque el modelo se quebraría. Un acierto en medio de un oasis de errores que tienen continuidad con las bajas laborales.

La sexta ola, esa que Simón no creía que fuera a producirse, ha disparado las incapacidades dejando sin efectivos a empresas y sectores como Sanidad y Educación. Esta crisis cogió a la Seguridad Social en la inopia y con las estadísticas desfasadas. En diciembre dio unos datos que tendrá que rectificar, porque fueron muchas más las bajas de las que dijo. El nuevo despropósito es endosar a las autonomías la solución al problema en base a un decreto que no permite hacerlo, porque los partes de alta y baja sólo se pueden emitir simultaneamente en procesos inferiores a cinco días, y los de covid duran siete. Por lo que se ve, Sanidad tampoco debe haberse leído la norma.