La ministra de Sanidad y su equipo más cercano viven en un mundo paralelo. Denuncian el consumo abusivo de ansiolíticos en España y acusan de forma velada a los médicos de su supuesta prescripción masiva. Sin embargo, adoptan decisiones que abocan precisamente a esos mismos médicos a recetarlos, al privarles de opciones terapéuticas alternativas contra algunos trastornos. Es lo que ha ocurrido con un nuevo fármaco autorizado por la Agencia Europea del Medicamento para combatir el insomnio crónico de moderado a grave, un trastorno que padecen alrededor de un 14% de los adultos en España. La gran ventaja de esta terapia –un antagonista dual del receptor de la orexina, el primer hallazgo en años en este campo– es que actúa sobre el origen del problema, disminuye la latencia del sueño –el tiempo que uno tarda en dormirse–, conserva su efecto toda la noche y no altera su arquitectura, mejorando así la funcionalidad diurna. Y eso, sin crear adicción.

A pesar de todo ello, la Comisión de Precios de los Medicamentos, dependiente del Ministerio, tumbó su financiación pública por criterios economicistas de racionalización del gasto, abocando a los afectados a seguir ingiriendo ansiolíticos o a someterse a terapia cognitivo-conductual, inexistente en la Sanidad pública. Los médicos han exigido por ello esta semana la financiación de este medicamento. Este contrasentido es uno más de todos en los que ha incurrido Mónica García en el tiempo que lleva en el cargo en materia de inclusión de los medicamentos más innovadores que ya han recibido el plácet en Europa o en materia de listas de espera, disparadas en la Sanidad pública pese a sus promesas de fortalecerla frente a unos supuestos ataques privatizadores que son simplemente inexistentes.