Renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Tras 20 años de la aprobación de la Ley contra la Violencia de Género es justo, imprescindible y prioritario la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Aunque, lamentablemente hoy en día no disfrutamos del amplio consenso alcanzado en 2017 con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El negacionismo reaccionario se ha extendido, y pretende invisibilizan la triste cifra de 1.294 mujeres asesinadas y cientos de niños y niñas que han quedado huérfanos. Este negacionismo peligroso no solo va en contra de los derechos y la vida de las mujeres, niños y niñas víctimas de violencia de género, sino que ataca los cimientos de la propia democracia. Dos décadas después de la aprobación de la ley, los partidos políticos, las instituciones y la sociedad civil debería cerrar filas para que no exista ni una fisura a la hora de seguir reclamando los derechos de las mujeres a vivir una vida segura y libre de violencia machista.

En 2025 la sociedad española, que, aunque se incorporó a la democracia tarde dio pasos de gigante en materia de igualdad entre hombres y mujeres, sigue siendo vanguardia y modelo para otros países que también apuestan por visibilizar y combatir la lucha contra la violencia machista. Ahora, a pesar de las trabas que algunos reaccionarios pretendan poner, nuestro país sigue siendo un fuerte referente internacional en políticas feministas y la lucha contra la violencia de género y sigue avanzando con la renovación de su compromiso a través del impulso de un nuevo pacto con 400 nuevas medidas destinadas a proteger a los menores, víctimas de la violencia vicaria, a combatir la violencia económica, la digital, la sexual y la trata o los matrimonios forzados. Hoy con fuerza seguimos enfrentándonos a una violencia estructural anclada en el machismo, que, hace que una de cada dos mujeres en España sufran algún tipo de violencia a lo largo de su vida sólo por el hecho de serlo.

Carmen Montón Giménez, Embajadora Observadora Permanente de España ante la OEA y la OPS. Ex Ministra de sanidad, consumo y bienestar social.