Las sociedades científicas se suman a la protesta médica contra el Ministerio de Sanidad

Reclaman la retirada de un decreto que provoca “alto riesgo para la actividad asistencial” y denuncian que su oferta para asesorar sobre la pandemia ha sido ignorada

Las sociedades científicas se han sumado al amplio colectivo de médicos que ha cargado duramente contra la norma elaborada por el Ministerio de Sanidad para nutrir teóricamente de profesionales el Sistema Nacional de Salud (SNS). Dicha norma ya ha llevado a la mayoritaria Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) a convocar una huelga nacional para el próximo día 27 de este mes. En un comunicado, la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME) solicita la retirada de los artículos 2 y 3 del real decreto ley 29/2020 de 29 de septiembre de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones públicas y de recursos humanos en el SNS para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. Además, Facme lamenta su “clamorosa” exclusión de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados y recuerda que se ha ofrecido a asesorar y apoyar las medidas de gestión en base a criterios clínicos y científicos, sin obtener éxito. Facme rechaza la convalidación de títulos saltándose los requisitos y plazos que la legislación establece, y recuerda que “todo acceso a una especialidad ha de cumplir los requisitos obligatorios para evitar riesgos a la salud de la población y asegurar la cobertura legal a los trabajadores y al propio sistema sanitario”. Tampoco acepta que se impongan asignaciones de puestos laborales fuera del ámbito de la especialidad o del lugar de trabajo de los profesionales sin ningún tipo de garantía en la designación, ni salvaguarda en la ejecución de la actividad, dado el alto riesgo para la actividad asistencial. “Desde el inicio de la pandemia los profesionales sanitarios han realizado todos los esfuerzos solicitados, de forma voluntaria en la mayoría de las ocasiones, y la preocupación de la administración debería ser dar cobertura legal a estas situaciones para evitar la desprotección jurídica en la que se ha estado trabajando”. Facme aprovecha para anunciar que apoyará las medidas legales y profesionales hasta conseguir la retirada de los artículos 2 y 3 del borrador, “conscientes de su relevancia y con la esperanza de que las autoridades entiendan que abrir un conflicto con los profesionales que están luchando contra la pandemia desde todos los puestos sanitarios carece de lógica y es un atropello intolerable”.