Tercer ataque de la izquierda contra la Sanidad privada en menos de un mes

14 expertos elaboran una proposición de ley para revertir los hospitales de gestión privada al sistema público y para crear una empresa estatal que fabrique medicamentos, como pide Podemos

Participantes en la manifestación para protestar contra las privatizaciones de la sanidad, en una imagen de archivo
Participantes en la manifestación para protestar contra las privatizaciones de la sanidad, en una imagen de archivo

La Sanidad privada se encuentra en el punto de mira de la izquierda. En menos de un mes, representantes de esta ideología han lanzado tres duros ataques con el fin de excluirla del modelo sanitario público y reducir su campo de acción. Los dos primeros golpes de esta particular guerra se han producido en torno al modelo Muface.

El primero revistió la forma de una iniciativa parlamentaria destinada a excluir a los nuevos mutualistas de la posibilidad de elegir clínicas privadas para recibir asistencia médica, incluyéndoles directamente en el régimen general de la Seguridad Social. El segundo llegó de la mano de la infrafinanciación del modelo y ha cuajado en un concierto para los próximos tres años que, a juicio de los agentes que operan en el sector, lo condena a la asfixia financiera por la insuficiencia de los fondos consignados.

El tercero ha llegado de la mano de una iniciativa popular promovida por 14 personas entre las que figura Ángeles Maestro, médico y ex parlamentaria que militó en las filas de Izquierda Unida y que realizó una férrea oposición al Gobierno formado por el PP en 1996, cuando José Manuel Romay era ministro de Sanidad. El texto remitido a la Mesa del Congreso persigue, según afirman sus autores, “la recuperación del Sistema Nacional de Salud” y su contenido coincide con los postulados sanitarios de Unidas Podemos.

¿A qué se refieren? Según exponen, “en la última década en diferentes comunidades autónomas ha tenido lugar un proceso de cesión a empresas privadas de la prestación sanitaria de la Seguridad Social, de varios millones de personas que previamente recibían atención sanitaria en centros de gestión directa del Sistema Nacional de Salud (SNS). Este proceso implica, entre otros aspectos, que estos centros sanitarios privados pasan a regirse por el derecho privado, huyendo del derecho público, que al menos establecía algunas, aunque escasas, garantías jurídicas.

Todo ello al amparo de normativas que han introducido la gestión privada en el ámbito del SNS”. El objetivo de este grupo es la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del SNS, un texto promovido por el PP que contó en su momento con el apoyo del PSOE. Según apuntan en su proposición de ley, “en estos 24 años de aplicación de la ley citada, lejos de mejorar la eficacia del SNS, como se justificaba en su exposición de motivos, se ha podido comprobar que estos centros privados no han presentado, tal como defendían, los mejores indicadores de funcionamiento, ni económicos, ni mejores resultados de salud.

Además, los sistemas de control por parte de los poderes públicos han fallado estrepitosamente; se han establecido en ellos elementos propios de la gestión empresarial que se han integrado incluso en la práctica clínica diaria, cuestionando la propia ética médica, hasta el punto de que se han introducido incluso incentivos económicos al personal médico dirigidos a reducir la estancia de los pacientes o el gasto sanitario, no a mejorar el nivel de salud de la población”.

La cruzada emprendida por este grupo se centra en el modelo de colaboración público-privada, un sistema que “ha incrementado los costes de estos hospitales hasta ocho veces más que mediante sistemas de construcción tradicionales, siendo habituales en la gran mayoría de los proyectos, los sobrecostes ‘inesperados’”. Los firmantes acusan a este modelo de falta de transparencia y lo catalogan de privatización: “En los últimos años, cerca del 10% del gasto sanitario público (entre 7.000-8.000 millones de euros) se está dedicando a conciertos privados, similar al gasto sanitario de siete millones de personas, o a la remuneración anual del personal de atención primaria de todo el Estado (más de 90.000 profesionales), lo que supone que se ha convertido en una vía estructural de vaciamiento financiero del SNS.

Dicho dinero podría dedicarse a reforzar las menguadas plantillas del SNS, más cuando en los próximos cinco años un porcentaje importante de estos efectivos se jubilará”. Por ello, el grupo pide la gestión púbica directa de los hospitales, una auditoría de los que siendo públicos se gestionan de manera privada, incluyendo los servicios considerados no sanitarios, y “la reversión a la gestión pública directa de aquellos centros y servicios sanitarios, incluyendo los servicios considerados no sanitarios, en los que se demuestre la existencia de indicadores de salud, de equidad y de la calidad asistencial inferiores a los de los recursos con gestión pública”.

“La Administración sanitaria dotará de centros de titularidad pública y gestión directa a todas las localidades en las que actualmente la prestación sanitaria de la Seguridad Social se realice mediante convenios singulares. Transitoriamente, se mantendrán los convenios singulares existentes, sujetos a la normativa que les afectaba, pero no se podrán firmar más”. Los firmantes piden además que los centros sanitarios de gestión directa sólo puedan establecer conciertos privados en supuestos excepcionales de seguridad para circunstancias urgentes y sobrevenidas”, y reclaman que la atención primaria gestione la atención sanitaria de los centros de servicios sociales como, por ejemplo, las residencias de mayores.

Los autores de la proposición de ley también entran en el terreno de los medicamentos. En este sentido, proponen la creación de una empresa estatal que fabrique los considerados esenciales, así como los productos sanitarios necesarios, y remarcan que sólo se autorizarán medicamentos seguros y eficaces con la debida calidad y pureza, y elaborados por persona física o jurídica con capacidad suficiente.