A Garzón le llueven las críticas de la industria por la falta de consenso de su nueva ley

La nueva ley de regulación de la publicidad de galletas, bollería, helados, barritas energéticas y coberturas dulces, postres y bebidas azucaradas (entre otras) anunciada ayer por el ministro de consumo, Alberto Garzón, ha conseguido, en menos de 24 horas, poner en contra a todos los sectores a los que afecta.

La Asociación Española de Anunciantes (AEA) se ha sumado a las críticas realizadas ayer por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y otras asociaciones de la cadena alimentaria en las que acusan al Ministerio de Consumo de haber actuado de un modo “injustificado” y “gratuíto” anunciando una ley que “criminaliza a dos sectores comprometidos con la mejora de la calidad, la seguridad y la trasparencia hacia los consumidores”.

La AEA apunta, además, que en la última reunión de la Comisión de Seguimiento del Código Paos el 27 de octubre, el representante de Consumo aseguró que no había ninguna decisión sobre limitaciones publicitarias. La Asociación, al igual que la FIAB, está integrada en la Comisión de Seguimiento del Código Paos desde donde se está trabajando en la actualización de dicho Código. En virtud de ello, en los últimos meses, la industria de alimentación y bebidas ha ofrecido reducir de manera voluntaria más de un 75% de la publicidad dirigida al público infantil.

En opinión de ambas entidades, el Código Paos “es una apuesta pionera muy reconocida y valorada en Europa, ejemplo de actuación y compromiso de la industria de acuerdo con la Administración en beneficio de los consumidores, lo que hace posible que no sea necesario desarrollar una normativa específica en este ámbito”. Sin embargo, van a tener que “tragar” con una regulación- que se impondrá por decreto ley- “que cercena y estigma más aun a la industria publicitaria, en pleno proceso de recuperación tras el acusado periodo con la pandemia».

En la misma línea, la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (FEDACOVA) considera un “ataque gratuito” hacia la industria agroalimentaria el anuncio del Ministerio de Consumo y recuerda que la industria agroalimentaria y el sector de la distribución, “tuvieron un papel ejemplar durante la crisis sanitaria, manteniendo su compromiso de abastecimiento con productos seguros y de calidad y cuidando a sus trabajadores, para garantizar el suministro a la ciudadanía”.

Irreversible y con sanciones

Ante las críticas el ministro de Consumo ha puntualizado que “no es una medida contra nadie, sino para proteger a los más vulnerables”, ya que con ella se pretende “reducir las tasas de obesidad en niños de 6 a 9 años”. “Es legítimo que estos actores no estén de acuerdo, pero tenemos claro que la prioridad es la salud pública”, ha subrayado Garzón, que también ha matizado que si bien en el código de autorregulación se prevén sanciones, “la laxitud con la que se han interpretado comportaba que no sirviesen para nada”.

Así, y a modo de “aviso” a la industria ha dicho que prevean que habrá “un nuevo sistema de sanciones”, y ha querido dejar claro que el nuevo sistema regulador que implantará el decreto “es irreversible” y “ya no hay margen de negociación del salto de la autorregulación a la regulación”.