Los hospitales públicos estarán obligados a tener médicos que practiquen abortos

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha presentado en el Congreso los cambios que ultima su departamento para la reforma de la ley del aborto, entre los que destaca que las jóvenes de 16 y 17 años no necesitarán tener consentimiento paterno para interrumpir el embarazo, algo que sí recoge la norma actual, un requisito que el Gobierno del PP introdujo en la Ley de 2010. «Del mismo modo que son responsables para trabajar o tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos», ha señalado Montero.

Pero, además, todos los hospitales públicos que cuenten con servicio de ginecología y obstetricia deberán contar con profesionales que puedan garantizar que se practique el aborto a las mujeres que lo soliciten, a semejanza con lo recogido en la Ley de la Eutanasia. Tras recordar que hay hospitales en los que todos sus profesionales se declaran objetores de conciencia, la ministra subrayó que «hay comunidades que aluden a ello para explicar por qué no asumen los abortos en la sanidad pública», por lo que ha destacado que el propósito del Gobierno es «blindar» el derecho al aborto en los centros públicos.

En su discurso reiteró los obstáculos de muchas mujeres a la hora de interrumpir su embarazo, como tener que desplazarse cientos de kilómetros porque «no existen recursos en sus provincias para hacerlo». Así, destacó que en 2020 el 87,25% de los abortos voluntarios se efectuaron en espacios extra hospitalarios, y de ellos el 78,04% fueron en centros privados. «Existe un problema de accesibilidad, gratuidad y equidad territorial», afirmó.

Según Irene Montero todo esto «será compatible con el derecho a la objeción de conciencia» de los profesionales sanitarios, como recoge la Constitución. No obstante, aclaró que aquellos profesionales que no deseen llevar a cabo esta práctica deberán inscribirse en un «registro de objetores», para que de este modo las administraciones públicas puedan asegurar la prestación de este servicio en todos los hospitales.

En este sentido, Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), recordó a LA RAZÓN que «la objeción de conciencia es un derecho constitucional», y que «la responsabilidad de atender la cartera asistencial reside en los servicios autonómicos de salud». Pero, sobre todo, lamentó que «no se haya contado con la profesión médica, finalmente última responsable de la actividad asistencial, para elaborar leyes que nos implican directamente».

Por su parte, el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem), Manuel Martínez-Sellés, indicó que «no sé cómo pretenden hacer» que todos los hospitales públicos cuenten con profesionales que garanticen el derecho al aborto. Explicó que los ginecólogos, «por su profesión, están muy acostumbrados a la vida intrauterina, por lo que es muy habitual que sean objetores de conciencia», y destacó que la mayoría de las intervenciones del embarazo se realizan en centros privados. Por eso consideró que «difícilmente se puede asegurar que en todos los hospitales públicos se puedan practicar abortos», algo que va «contra la objeción de conciencia de los profesionales». «Si lo van a preguntar a la hora de contratar o de renovarles el contrato sería una discriminación, iría contra un derecho recogido en la Constitución y en los códigós deontológicos», subrayó.

La nueva ley acabará también con los tres días de reflexión para que las mujeres mediten su decisión, y también con la obligación de entregar información sobre las alternativas de ayuda, que solo se dará a aquellas que lo soliciten. «¿Se imaginan, señorías, que esto sucediera con un hombre sobre algo que atañe a su salud?», preguntó la ministra Montero a los diputados.

Según lo previsto para el nuevo texto, las mujeres que decidan abortar podrán acudir a su centro de salud para recibir información y desde allí se las derivará a un centro hospitalario de urgencia. En ese momento se las dará la posibilidad de que elijan el método para interrumpir el embarazo, que podrá ser farmacológico o quirúrgico.

En cualquier caso, Montero ha anunciado asimismo la creación de una línea telefónica especializada en derechos sexuales y reproductivos donde se informará a la mujer del procedimiento y, en el caso de que tuviera alguna dificultad en el acceso, sobre los derechos que la asisten, dónde y cómo defenderlos.

Otras de las medidas que su departamento incluirá en la norma tienen que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, como una mejora de la atención, un avance en el reconocimiento de permiso maternal preparto y actuaciones para prevenir y erradicar la violencia ginecobstétrica. Por último, indicó que «la salud menstrual pasará a ser un estándar determinante a la hora de valorar el acceso a la salud de las mujeres», y garantizarla será «una obligación del Estado y los poderes públicos».