Décimos del planeta en contagios dos años después del estado de alarma

Hace justo dos años, el Gobierno declaraba en España el primer estado de alarma para afrontar la emergencia sanitaria provocada por un virus de nuevo cuño, el SARS-CoV-2, que llevaba ya semanas azotando a países como China o Italia. Lo ocurrido en esos días fue premonitorio de lo que acontecería desde entonces hasta hoy mismo. Por un lado, quedaba inaugurada por decreto la época de las mascarillas y de las restricciones en las interacciones sociales. También la era de las videoconferencias y del teletrabajo. Por otro, el Ejecutivo improvisaba limitaciones a medida que se multiplicaban los contagios, las hospitalizaciones y las muertes. Esta práctica de actuar sobre los problemas después de minusvalorarlos, cuando ya estaban encima, en vez de anticiparse a ellos, ha sido una constante durante casi toda la pandemia, como le han reprochado con insistencia la oposición y la mayor parte de las organizaciones médicas y sanitarias del país.

La tercera señal que aventuraba el futuro fue el incipiente enfrentamiento con la Comunidad de Madrid. Los reproches del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso al de Pedro Sánchez por su parsimonia a la hora de adoptar decisiones se ha reproducido durante estos dos años, con castigos severos como represalia para la capital, disfrazados de supuestos argumentos epidemiológicos.

El 15 de marzo de 2020, ya bajo el estado de alarma, se produjo una de las primeras refriegas. Sanidad recriminó aquel día a Madrid por querer ordenar el cierre de las peluquerías, para informar a renglón seguido de que la Conferencia de Presidentes había tomado ya esa decisión. En el caso del control de los aeropuertos, la práctica de los test de antígenos o la puesta en marcha de hospitales de campaña, la respuesta del Gobierno fue mucho más tardía o, incluso, inexistente.

El balance de lo que no iba a ser «más allá de algún caso diagnosticado», según aseguraba el portavoz científico durante esta crisis de salud pública, Fernando Simón, ha sido demoledor. Tras negar hasta justo el día después de las concentraciones feministas del 8 de marzo la gravedad de la situación, el Gobierno declaró la alerta y optó por aplicar uno de los confinamientos más duros del planeta. Los 1.204 casos de coronavirus contabilizados el 9 de marzo por los deficientes sistemas de información del Ministerio de Sanidad y de las autonomías eran en realidad miles. La transmisión comunitaria que negaba Simón estaba ya extendida y había empezado a provocar el colapso de la atención primaria y de los hospitales de la mayor parte de España.

Fueron semanas duras en las que los cadáveres de los pacientes se amontonaban en las morgues, en las que el miedo cundía entre una población desconcertada, y en las que los sanitarios tuvieron que hacer frente a la avalancha de portadores del virus sin los equipos de protección más elementales. La falta de previsión del Gobierno pese a las alertas que ya había lanzado la Organización Mundial de la Salud (OMS) retrasó la llegada de materiales a los hospitales. La inoperancia del organismo encargado de las compras, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), agravó la situación. Productos que no llegaron, sobreprecios injustificados, partidas de escasa fiabilidad, proveedores desconocidos en el sector, adjudicaciones a dedo y retención de materiales en las fronteras entre las protestas autonómicas desencadenaron la tormenta perfecta. Esa primera ola que trató de frenar el estado de alarma dejó un saldo oficial de 246.272 contagios y 28.323 muertes, con una letalidad del 11,5%. Sin embargo, la pesadilla no terminó. El «hemos vencido al virus; salimos más fuertes» que proclamó Pedro Sánchez aquel verano de 2020 se esfumó en el aire. A esa ola le siguieron otras cinco –la última, aún activa–, con un balance de otros 72.812 fallecimientos, para sumar en total 101.135, y más de 11 millones de infecciones. En medio de este maremágnum, el Gobierno habla ahora de gripalizar la pandemia, gracias al impacto positivo que está teniendo la vacunación.

Lo hace con España en el puesto 10 del planeta en número total de contagios, sólo por detrás de países mucho más poblados que el nuestro, y en el puesto 17 en la cifra total de defunciones. Son los últimos datos de Worldometer, un contador de casos en tiempo real de la pandemia. De los estados que están aún peor, sólo Perú, Argentina, Polonia y Ucrania tienen menor población que España.