Acceso a medicamentos

Madrid pide a Darias la reforma de la Comisión de Precios de los Medicamentos

La región propone un nuevo modelo de financiación de fármacos para que estos lleguen antes a los ciudadanos en las mismas condiciones de equidad que en el resto de Europa

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ofrece declaraciones a los medios de comunicación tras el inicio de la administración de la cuarta dosis de la vacuna frente al COVID-19 a los usuarios y trabajadores sociosanitarios de residencias, en la Residencia pública de Mayores de Vallecas, a 26 de septiembre de 2022, en Madrid.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ofrece declaraciones a los medios de comunicación tras el inicio de la administración de la cuarta dosis de la vacuna frente al COVID-19 a los usuarios y trabajadores sociosanitarios de residencias, en la Residencia pública de Mayores de Vallecas, a 26 de septiembre de 2022, en Madrid.Alejandro Martínez VélezEuropa Press

El objetivo de la Comunidad de Madrid es conseguir un modelo de financiación de medicamentos que sea más ágil, justo y transparente. Con ese anhelo en mente, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha enviado a una carta a la ministra Carolina Darias- a la que ha tenido acceso LA RAZÓN- en la que plantea una reforma del funcionamiento de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), con el fin de “garantizar certidumbre, transparencia y rigurosidad en el momento de decidir la inclusión en la financiación, tanto al sector farmacéutico como a los ciudadanos y profesionales, disminuyendo el tiempo transcurrido desde la solicitud hasta la decisión final”.

Escudero recuerda que, aunque las competencias de medicamentos y productos sanitarios corresponden al Ministerio de Sanidad, se trata de “un ámbito en el que hay mucha capacidad de actuación”, sobre todo, la posibilidad de “reducir los actuales plazos para la incorporación de nuevos medicamentos al SNS” para que así lleguen antes a los ciudadanos.

La propuesta de la región consta de “dos abordajes”, según la citada misiva. El primero de ellos está relacionado con la modificación de la composición de la CIPM, y el segundo con la “operativa de reuniones y transparencia del proceso”.

Respecto al primero, la Consejería de Sanidad plantea una modificación del reglamento de la CIPM que permita incorporar a las sesiones- con voz, pero sin voto- a un representante de la Abogacía del Estado “para dar soporte y respaldo jurídico en determinadas cuestiones”. También pide la presencia de un experto en bioética como asesor en la toma de decisiones sobre fármacos “de alto impacto económico y mucha incertidumbre clínica y financiera”. Además, propone la presencia de algún representante de la Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y permitir que los consejeros de sanidad de las distintas comunidades autónomas estén acompañados por un asesor técnico o por su suplente.

Mayor agilidad

En la segunda parte de las propuestas, Madrid urge a realizar una serie de modificaciones con el fin de “generar agilidad en la toma de decisiones” así como “confianza y trasparencia” para los pacientes y el sector farmacéutico. En esta línea, propone que, al menos en los expedientes que van “a decisión de la CIPM”, y en medicamentos de alto impacto social y económico, “se podría invitar a un representante de la empresa para que realice una breve exposición”, con un tiempo limitado de 10 minutos y otro 15 para preguntas.

A su juicio, esta exposición- que debería tener lugar el día antes de la reunión prevista por la CIPM- “disminuiría las solicitudes de reunión que cada empresa realiza, previamente, a cada una de las comunidades y facilitaría que la información sea homogénea para todos (mayor transparencia del proceso), y acortaría significativamente los plazos”. “En este sentido- continúa la carta- se trata de dar seguridad a los laboratorios sobre que la Comisión no es una suerte de mercado de negociación”.

El ejemplo de Alemania

La Consejería también considera necesario disponer de un Procedimiento Normalizado de Trabajo, que “indique que ítems se deben cumplir obligatoriamente para aceptar la financiación”, que podría ser condicionada por la obtención de resultados esperados “medidos al cabo de un año o de la duración del tratamiento”. Así, en el caso de no alcanzar los objetivos terapéuticos y de eficiencia esperada se podrían “eliminar el reembolso público”, algo que ocurre en países como Alemania.

Asimismo, en la carta, Escudero reclama al Ministerio de Sanidad la puesta en marcha de “unos indicadores de proceso, resultado y de impacto económico anual esperado y real en el SNS de las decisiones que se toman en la CIPM”, de modo que se refleje en una memoria anual.