Coronavirus

Ayuso acusa al Gobierno de retorcer el dolor por la pandemia: "Sobre los hombros de Sánchez hay 130.000 muertos"

La presidenta de Madrid se defendió esta mañana en la Asamblea de las «tergiversaciones» del Gobierno central, al que acusó de «crear una trama millonaria»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió esta mañana a ser tajante contra las «tergiversaciones» del Gobierno central sobre su actuación durante la pandemia. Así, aseguró que «hay 130.000 muertos sobre los hombros de Pedro Sánchez» por la covid y le acusó de «crear una trama millonaria» durante la pandemia con la compra de material sanitario. Sus afirmaciones fueron realizadas en la sesión de control en la Asamblea de Madrid.

La dirigente madrileña criticó de nuevo que la izquierda quiera «instrumentalizar y politizar el dolor para sacarle rédito electoral», algo que aplaudió toda la bancada «popular» después de que Más Madrid y PSOE realizaran un gran aplauso hacia los familiares de fallecidos en las residencias que estaban presentes en la Cámara.

«La tragedia, la pandemia, es que encima va directamente con ustedes porque son ustedes los que gestionan el Gobierno de la nación, son ustedes los que tienen que escuchar las alertas sanitarias, que durante enero, febrero, marzo, avisaban de que venía una gran pandemia, pero ustedes estaban más preocupados en llevarnos a las calles», espetó. Y prosiguió: «¿Cuánta gente murió en España? No se sabe, les da igual, 120.000, 130.000, no saben ni las cifras, les da absolutamente igual. Y han estado así durante estos cinco años, y los demás hemos estado callando porque nos daba vergüenza utilizar a las víctimas», les reprochó. Además, censuró que el PSOE tenga «el cuajo de señalar a familiares que llevan toda la vida dedicándose a material sanitario».

La presidenta madrileña volvió a leer una carta que ha adjudicado a un familiar de un fallecido en una residencia en la primera ola de la covid en la que pide que a su madre se le retire «del cómputo de fallecidos» al entender que no es «un simple número» utilizado para «causar daño político». Destacó que «así que no son las cifras que ustedes dan. Espero y deseo que muchos otros familiares hagan esta reflexión y actúen en consecuencia».

Esta afirmación la realizó en la Asamblea en respuesta a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien fue muy crítica con el Ejecutivo regional e incidió en que los «protocolos de la vergüenza» existieron y que fallecieron 7.291 personas sin ser derivadas a un hospital en consecuencia.

Esta no es la primera vez que la presidenta lee una misiva de un familiar. Fue el pasado 12 de diciembre cuando hizo lo propio con una carta en la que se tachaba de «mercenarios» y «secta» a Más Madrid. En la misma, Raúl, a quien Ayuso identificó como autor de la misma, decía que se le «parte el alma» cada vez que «esta partida de mercenarios» convierte «la memoria» de su padre «en un número, uno más entre tantos por motivos espúrios y meramente electorales, buscando arañar un puña de votos».

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, subrayó que seis de cada cien víctimas por la covid en toda España «murieron atrapadas en los protocolos de la vergüenza en las residencias de Madrid. Pero no solo es cuánta gente murió, sino también cómo murieron aquí, en Madrid, mientras usted gobernaba. ¿Es capaz, señora Ayuso, de entender la diferencia? Mire, cinco años después, ni pide perdón, ni cuenta la verdad, ni repara a los familiares de las víctimas», criticó, a la vez que le reprochó «amenece a las víctimas en vez de protegerlas».

A la misma hora, la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguraba que iba a mostrar su compromiso para cambiar el modelo de residencias e integrarlas en el Sistema Nacional de Salud (SNS), para garantizar una integración sociosanitaria «real» y evitar que se repita el «trato indigno» que recibieron durante la pandemia por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid.

En estos términos se expresó en declaraciones a los medios de comunicación después de la reunión que mantuvo con Marea de Residencias, Verdad y Justicia y la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias.

«Hay un grandísimo porcentaje, que creo que está en torno al 90 por ciento, si no me equivoco, de residencias que son de titularidad privada y nuestro modelo es completamente contrario. Nuestro modelo es un modelo público, un modelo en el que esté integrado dentro del Sistema Nacional de Salud y un modelo en el que podamos hacer una real integración sociosanitaria», detalló.

En relación a si las residencias se encuentran preparadas cinco años después de la pandemia, García reconoció que la situación en España es «muy heterogénea», por lo que señaló que van a elaborar un mapa para analizar en qué comunidades autónomas se están haciendo protocolos y proyectos para que las residencias no estén excluidas del sistema sanitario. Y volvió a criticar las declaraciones que realizó Díaz Ayuso y la ha emplazado a «parar» en su «escalada» de «soberbia, falta de respeto, indignidad y deshumanización».

También esta mañana la Comunidad de Madrid pidió por carta al presidente de RTVE, José Pablo López, que emita también el vídeo sobre sus «éxitos» en la gestión de la pandemia así como la declaración de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, al respecto tras el anuncio de la corporación de difundir anoche un documental «sesgado» sobre la situación de las residencias madrileñas durante la pandemia. Así lo expuso en la misiva el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, por la emisión de un programa especial y del documental «7291».

«Dicho documental, de un marcado sesgo ideológico, ofrece información que no se corresponde con la realidad, obvia de manera notoria una comparativa de datos contrastados con otras comunidades autónomas y también las actuaciones negligentes e ilegales del Gobierno central durante dicho periodo», expuso el consejero, que también reivindicó que fue el Ejecutivo madrileño «el primero en tomar medidas para atajar los efectos de una pandemia global que fue ignorada y negada durante meses por el Gobierno».