El Defensor del Pueblo pide acabar con los "arrancamientos" de menores

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha solicitado que se acabe con los "arrancamientos" policiales de niños y niñas para cumplir el mandato judicial de llevarlos con su padre después de que su madre incumpliera el régimen de visitas, por considerarlos procedimientos agresivos e invasivos para los menores.

En su informe anual relativo a 2024, hecho público este martes, el Defensor explica que los procesos de arrancamiento son "actuaciones ejecutivas de la policía en cumplimiento de un mandato judicial, el cual ha acordado la separación y entrega de la guarda y custodia de los hijos al padre por incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas por parte de la madre".

La institución destaca que no es "conveniente" el uso de la fuerza ejecutiva policial sobre los niños y las niñas en sus casas o en las puertas del colegio y precisa que es necesario analizar los casos especialmente cuando tras la negativa de la madre de entregar a los menores haya un trasfondo de violencia doméstica o de género, informa Efe.

"Es importante que se adopte otro tipo de soluciones menos agresivas e invasivas para protegerlos", defiende en el informe, en el que precisa que "existen otras vías para garantizar la autoridad de la resolución judicial", como las multas coercitivas o las diligencias por delito de desobediencia.

Sobre esta realidad, el Defensor del Pueblo estima que el juez, antes de adoptar este tipo de medidas, debe analizar el interés del menor y su beneficio contando con información de los profesionales que están en contacto con la familia, de las partes y de los propios niños y niñas.

Defiende la institución que la formación de opinión del juez sobre la conveniencia de las modificaciones del régimen debe producirse con las mismas garantías procesales que se aplicarían en el caso de una demanda de modificación de medidas.

Para abordar esta cuestión, el Defensor del Pueblo ha emitido diversas recomendaciones a los ministerios de Igualdad y Justicia.

Al departamento dirigido por Ana Redondo le ha solicitado que analice el fenómeno de los arrancamientos "en especial cuando ocultan situaciones marcadas por un trasfondo de violencia de género o doméstica, que suele aparecer o incrementarse en el momento de la separación" y que difunda este análisis para que pueda ser conocido por los jueces, magistrados y por el ministerio fiscal.

También le pidió que incluyera este fenómeno como forma de violencia institucional en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero el documento se ha cerrado sin mencionar la violencia institucional.

Por su parte, el Defensor ha pedido a Justicia que se reforme la Ley de Enjuiciamiento Civil para que no se emplee la "compulsión física" en la ejecución de decisiones judiciales de modificación de la guarda y custodia de los hijos y para incluir la obligación judicial de una valoración de riesgo en caso de modificación de la custodia cuando el padre haya sido denunciado por cualquier delito de violencia doméstica o de género y una vista previa en la que sean escuchadas las partes, en especial los menores.