Educación dará fondos a la escuela concertada, si admite más inmigrantes

El Ministerio de Educación y Formación Profesional podría salir al «rescate» desde este mes de septiembre de la escuela concertada, en la que estudia el 33% del alumnado, al encontrarse en una «situación comprometida», según Escuelas Católicas. Por una parte, por la baja natalidad, que supone una bajada en la cuota de alumnos de hasta el 30%, lo que ha provocado un pequeño goteo de cierre de colegios, un asunto sobre el que «urge tomar medidas», asegura Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas; por otro, apremia abordar la situación económica.

Los centros están ya acusando el menor poder adquisitivo de las familias por la inflación y eso se traduce en que obtienen menos ingresos extraordinarios por servicios complementarios que vienen ofertando (gabinete psicológico, venta de libros, uniformes, aportaciones económicas voluntarias de las familias...). «La situación preocupa porque no hay margen económico y los centros cruzan los dedos para que no haya grandes incidencias que obliguen a desembolsos», puntualiza Centeno.

A lo largo del mes de septiembre, el Ministerio de Educación y FP tiene previsto crear mesas técnicas con un calendario de negociaciones de tal manera que se pueda hacer un análisis de la situación. Se trataría de la primera vez que se aborda el estado de la escuela concertada desde la época del exministro socialista Ángel Gabilondo. Uno de los asuntos objeto de negociación será la actualización de los módulos de los conciertos, es decir, el dinero que recibe la concertada del Estado. Y es que si en la pública la Administración se gasta 7.899 euros por alumno, en la concertada la cantidad no llega a los 3.000, según el promedio que se maneja.

Lo que estaría por ver es en qué medida se aumenta esta aportación del Estado a la escuela concertada, que considera que por cada aula de alumnos acumula un déficit de 4.000 euros.

«Admitimos que la financiación sea un poco mayor en la pública, porque hay zonas rurales con pocos alumnos que tienen que ser escolarizados, pero no que se destine el doble que en la pública. No debemos aceptar que la Administración pague la mitad de lo que debería y que las familias tengan que ayudar voluntariamente», recalca Centeno. El Ministerio de Educación parece dispuesto a actualizar la aportación económica, e incluso no se descarta que cree una regulación nueva a nivel estatal con los módulos de conciertos, pero pretende que esa actualización económica venga acompañada de la supresión de las cuotas voluntarias a las familias y de la admisión de una mayor cuota de inmigrantes en estos centros, que ahora considera insuficiente. La concertada, sin embargo, afirma que trabaja por ser inclusiva, como queda constatado en muchos centros, pero atribuye a factores económicos y sociales una menor cuota de inmigrantes en muchos de ellos.

El sueldo de los profesores de estas escuelas es otro asunto pendiente de actualizar, una cuestión lastrada por la falta de Presupuestos en 2023. Esto implicó que solo se pudiera publicar una norma sobre el incremento salarial de los funcionarios, que también es de aplicación al profesorado, y que en ese año fue del 3,5%. Sin embargo, la subida de sueldo ha sido desigual en las comunidades autónomas. Mientras que Aragón lo ha hecho efectivo a los profesores de la concertada en la nómina del mes de agosto, Murcia, por ejemplo, no lo ha ejecutado. Algo similar ocurre en 2024. Unos han regularizado su sueldo y otros no, en función de la autonomía.

Asunto pendiente

Este «rescate» a la escuela concertada no es una decisión improvisada. Ya venía establecido por en la disposición adicional 29 de la LOE, aprobada en 2006, una obligación que estaba pendiente y que ha sido retocada y ampliada por la Lomloe, la ley de educación socialista vigente. En ella se establece que el Ministerio de Educación debe constituir una Comisión para estudiar el coste del puesto escolar y adecuar los módulos de conciertos que aparecen publicados en la ley de Presupuestos Generales del Estado al coste real.

Tanto la Administración como los centros son conscientes de que el módulo actual de concierto por unidad está obsoleto y es deficitario para las entidades titulares, muchas de ellas organizaciones religiosas. En 2010, Ángel Gabilondo promovió la puesta en funcionamiento de esta comisión cuando era ministro de Educación, pero no finalizó sus trabajos por el adelanto electoral de 2011 (Rodríguez Zapatero). Ni los gobiernos del PP ni del PSOE han retomado el trabajo hasta ahora, en que faltaría negociar las condiciones. Mientras, las escuelas concertadas respiran al ver que no se ha aplicado en la mayoría de las autonomías el artículo 109 de la Lomloe sobre la «demanda social», que generó controversia al verse como una amenaza a la supervivencia de este modelo educativo.