
Cruce de acusaciones
Histórico plante de las autonomías contra la ministra de Sanidad «sectaria»
Los consejeros de las 13 regiones del PP abandonan el Pleno del Interterritorial en protesta por «la utilización partidista» que hace de él Mónica García

La crisis de los cribados ha sido la gota que ha colmado el vaso en la tensión sostenida entre el Ministerio de Sanidad y la mayoría de las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), el órgano donde el departamento que dirige García y los responsables de Sanidad de las autonomías deberían dialogar y tomar decisiones consensuadas en beneficio del sistema sanitario público y de la salud de los españoles.
Los consejeros de Sanidad de las autonomías gobernadas por el PP han decidido abandonar en bloque el Pleno que se iba a celebrar este viernes en Zaragoza unos minutos después de que hubiera comenzado, después de leer un manifiesto en el que denunciaron «la utilización partidista y sectaria» de este órgano por parte del Gobierno.
La Ministra de Sanidad, Mónica García, llevaba días acusando públicamente a las autonomías de negarse a compartir los datos de los programas de cribado de cáncer que se realizan en sus territorios, acusándolas de ocultarlos porque «algo están haciendo mal» y de boicotear la confianza de los ciudadanos « en el Sistema Nacional de Salud». «Se trata de una guerra absurda contra la transparencia», ha sentenciado.
Sin embargo, los responsables de Sanidad de las regiones del PP habían expresado al Ministerio por carta, y no públicamente, que no podían hacerlo porque Sanidad no había hecho su parte del trabajo: aprobar los indicadores consensuados entre los técnicos de las Consejerías y los del propio ministerio, sin los que los datos no son homogéneos ni comparables entre sí, y poner en marcha la aplicación informática necesaria para que cada territorio introduzca la información derivada de los cribados que realiza. Esta sería una plataforma similar a la que existe para enviar a Sanidad los datos de las listas de espera en el SNS, cuya implantación es competencia del Ministerio. Además, tal y como ha explicado la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, a este periódico, no hay ninguna partida presupuestaria para este trabajo ni se ha iniciado su licitación.
Por ello, los consejeros denunciaron una «manipulación unilateral» de los acuerdos adoptados por la Ponencia de Cribados en el mes de abril.
«Hay una ponencia de cribados dentro del Ministerio de Sanidad que está funcionando con representantes de todas las comunidades autónomas, aparte del grupo que hay de salud pública, que se dedican a tratar precisamente de esto. Lo que no cuenta la ministra es que los indicadores para medir los cribados que tienen que definirse no están definidos porque ella no ha hecho su trabajo. Con lo cual, ¿qué datos va a pedir?», explicó la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, a los medios que esperaban a la salida del Pleno.
«El tema de los cribados ha sido la gota que ha colmado el vaso. Las autonomías tenemos transferidas las competencias y nos dejamos la piel trabajando para mejorar la salud», destacó, y añadió que «estos ataques nos dan bastante miedo ya que transmiten a la población que el cribado es algo que no salva vidas o que se hace mal. Nada más lejos de la realidad. Tenemos unos programas de cribados sólidos, excelentes, y los datos existen y día a día los medimos en las comunidades autónomas».
En la misma línea, los consejeros pusieron el foco en la actitud del Ministerio que «en lugar de apoyar, reconocer y promover su desarrollo, se ha situado frente a las autonomías y frente a las mujeres, intentando sacar rédito político de un asunto que debería ser un punto de unión».
Matute también ha recordado la situación de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, gestionadas por el Ministerio de Sanidad, y donde éste «no asume su responsabilidad». Cabe destacar que los y las melillenses estuvieron dos años sin cribados de cáncer de útero, mama y cólon (entre 2023 y enero de este año) por una dejación de funciones del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa),dependiente del departamento que dirige Mónica García, tal y como hizo público LA RAZÓN el martes.
«Este comportamiento demuestra, una vez más, el uso partidista que el Gobierno está haciendo de la salud pública», destacó Matute.
Desaire y descrédito
La respuesta de García ante los argumentos de las comunidades ha sido de desaire y desprestigio. Así, en diversas entrevistas y declaraciones ha acusado a los consejeros del PP de que la falta de una plataforma digital de su ministerio era «una excusa barata» para eludir el volcado de los datos del cribado de cáncer. «Escudarse en que no tienen una herramienta informática en el año 2025, en el siglo de los datos, me parece una excusa bastante barata para no entregar los datos a la ciudadanía», ha declarado en una entrevista al programa «Mañaneros 360», de TVE, recogida por Europa Press.
En el Pleno solo permanecieron los consejeros de Canarias, Asturias, Navarra y Cataluña, además del de Castilla-La Mancha, que se había conectado telemáticamente. Más tarde, una vez que los representantes de las regiones del PP ya lo habían abandonado, se sumó el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, después de mantener una reunión bilateral con García que, según aseguró ayer el ministerio, fue «fructífera».
Recordemos que el País Vasco decidió abandonar el Consejo Interterritorial hace unas semanas por la «actitud arbitraria» de Sanidad y por pronunciarse «sobre lo ya legislado» y no avanzar «en lo que le compete».
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