La Fiscalía avala la constitucionalidad de la reforma del aborto

El Consejo Fiscal, órgano representativo de la Carrera, aprobó la pasada semana el informe sobre al anteproyecto de la Ley del Aborto, impulsada por el Ministerio de Justicia.

El Consejo Fiscal, órgano representativo de la Carrera, aprobó la pasada semana el informe sobre al anteproyecto de la Ley del Aborto, impulsada por el Ministerio de Justicia. El texto, que contó con el aval de ocho de sus doce miembros, está ultimándose de redactar de forma definitiva, junto a los cuatro votos particulares –uno de ellos, Alfonso Haya, expresó su disconformidad sólo de forma «limitada»–, para remitirlo al Departamento del que es titular el ministro Ruiz-Gallardón, algo que puede suceder hoy mismo. Los vocales que expresaron su rechazo más o menos frontal al texto aprobado, recogerán sus discrepancias en sus respectivos votos particulares. Los tres pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales.

Sin embargo, fuentes jurídicas señalaron que el dictamen del Consejo Fiscal avalará la constitucionalidad de la reforma que presentó Justicia, y que consiste, esencialmente, en volver a una ley de supuestos, aunque queda excluido el relativo al aborto eugenésico, y derogar, por tanto, la vigente Ley de Plazos.

Así, en relación con el aborto eugenésico, la Fiscalía no pone reparos a que se suprima la posibilidad de abortar por malformación del feto, ya que esa opción encontraría respaldo en los convenios internacionales firmados por España relativos a la protección de personas con discapacidad, y, en concreto, a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPC) de la ONU, del año 2006 y que fue refrendado por España en 2008. Sin embargo, y al igual que los dos informes que estudiará el Consejo General del Poder Judicial, se insta a desvincular esa posibilidad con el daño psicológico de la mujer.

«La decisión del prelegislador de suprimir la indicación eugenésica no es incompatible con las obligaciones internacionales de España, pues se cohonesta con la declaración general del art. 10 CDPD de que el derecho a la vida es inherente a todos "los seres humanos", utilizando un concepto más amplio que el de "personas", lo que no impediría que se incluyese en su esfera de aplicación la vida humana en gestación mediante un acto legislativo interno. Tampoco suscita reparos de cons-titucionalidad... Corresponde al legislador determinar qué alcance desea dar a la conminación penal conforme a la convicción que se forme de la política criminal más adecuada en cada momento», se afirma en el texto que debatió el Consejo Fiscal y que ha sido refrendado por amplia mayoría del mismo.

Sin embargo, se recomienda que suprimir esta indicación eugenésica «debe ser cuidadosamente reflexionada» a la luz de la «regulación existente en los países de nuestro entorno que también han suscrito la CDPD», se añadía en el mencionado texto.

También se respalda la previsión de poder abortar en los supuestos de embarazos por violación, ya que ello atiende a la protección de la «dignidad de la mujer»; y, a la vez, se recomienda que se mantenga la sanción de imponer una multa a las mujeres que aborten fuera de los supuestos recogidos en la ley: «Recomendamos mantener la pena de multa actualmente vigente, teniendo en cuenta que siempre es posible la valoración de las circunstancias concurrentes», se señalaba en el informe sometido a debate y que ahora ha sido avalado por el Consejo Fiscal.

El detalle

Andalucía, Asturias, País Vasco y Canarias se rebelan

Las comunidades de Andalucía, Asturias, País Vasco y Canarias están en contra de que en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra mañana se analice el impacto sanitario de la nueva Ley del Aborto. Según fuentes consultadas por Ep, las cuatro pidieron al Ministerio de Sanidad que no lo incluyera en el orden del día. La reunión, que se celebrará en Toledo y que estará presidida por la ministra Ana Mato, tiene un total de 39 puntos y el último de ellos es el debate y aprobación de un informe sobre el impacto en la normativa sanitaria de la nueva ley del aborto elaborada por el Ministerio de Justicia. El hecho de que el departamento de Mato introdujera dicho punto fuera de tiempo y forma, a menos de 48 horas de la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial del pasado viernes, propició que las cuatro comunidades pidieran aplazarlo para otra reunión. De hecho, criticaron que la inclusión in extremis era una muestra de «secretismo».