La Fiscalía pide 18 años de prisión por asesinato para los padres de Asunta

El Ministerio Público considera que «idearon un plan» para «acabar con la vida de su hija».

La Fiscalía pide 18 años de prisión para cada uno de los padres de Asunta Basterra Porto, Rosario Porto y Alfonso Basterra, como coautores de un delito de asesinato, frente a los 20 años de cárcel para cada uno que solicita la acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor. Según indica la Fiscalía en su escrito de calificación, recogido por Europa Press, que ha sido presentado este miércoles después de que la semana pasada el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago comunicase el fin de la instrucción, los acusados "son responsables en concepto de coautores"de un delito de asesinato y apunta como agravante la "circunstancia mixta de parentesco".

En su escrito, el Ministerio Público señala que "en ejecución de un plan acordado", el padre de la menor fallecida en septiembre de 2013 "retiró comprimidos de Orfidal"y señala que "Asunta no pudo defenderse de modo efectivo porque estaba bajo el efecto del medicamento que con ese fin le había suministrado".

Además, el fiscal considera que las capacidades de Rosario Porto "para comprender la ilicitud de los hechos y para actuar conforme a esa comprensión no estuvieron afectadas"y recuerda que su exmarido y padre adoptivo de la niña "rechazó someterse a una pericial psiquiátrica oficial encaminada a verificar los mismos extremos".

ACUSACIÓN POPULAR

Por su parte, la Asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular en la causa sobre la muerte de la niña Asunta Basterra Porto, pide una pena de 20 años de prisión para cada uno de los padres de la menor --Rosario Porto y Alfonso Basterra-- como autores de un delito de asesinato.

Así consta en el escrito de calificación presentado este miércoles en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago, que la pasada semana comunicó a las partes el fin de la instrucción de la causa casi nueve meses después del hallazgo del cadáver de Asunta Basterra en una pista forestal del ayuntamiento coruñés de Teo.

En el escrito de la acusación popular, al que tuvo acceso Europa Press, se considera a los padres adoptivos de la menor coautores del asesinato de la niña, con el agravante de parentesco.

Según las conclusiones que esgrimen los letrados que representan a la acusación popular, los padres de Asunta, que estaban divorciados legalmente, "y con sus capacidades volitivas y cognitivas sin alterar idearon un plan para acabar con la vida de su hija menor de edad, la cual convivía con su madre".

En su relato, la acusación popular señala, en virtud de los datos recabados durante la instrucción, que "en ejecución de ese plan, que incluía un reparto de papeles entre los acusados Alfonso Basterra y Rosario Porto", en el que aprovecharon que la madre seguía un tratamiento médico con el medicamento 'Orfidal', para que el primero hiciera acopio "de una gran cantidad del mismo"que "procedieron a administrar repetidamente a la menor Asunta, al menos tres meses antes de su fallecimiento, mientras permanecía bajo custodia paterna".

Así, indica que Alfonso Basterra adquirió el 5 de julio de 2013 una caja de 50 comprimidos del citado fármaco --cuya sustancia activa es el 'lorazepam'--; el día 17 otra de 25; el 16 de septiembre otra de 50 y el 22 de julio otra de 50.

ADMINISTRACIÓN REPETIDA

"La administración repetida de 'lorazepam' a la menor afectó considerablemente a su estado, anulando su voluntad y sufriendo episodios de somnolencia y descoordinación, que fueron perfectamente percibidos por sus profesores y compañeros de la escuela de Altos Estudios Musicales de Santiago y en la escuela 'Play' de Santiago", esgrime la acusación.

En esta línea, recuerda que el 18 de septiembre de 2013 la niña "no acudió a su clase en el instituto, ni por la tarde a su clase de ballet"y en ambos casos la madre justificó que "le habían prescrito un fármaco que le ocasionó graves vómitos y mareos".

Además, añade que el 5 de julio de 2013, sobre las 2,30 horas de la madrugada, la acusada Rosario Porto afirmó que "un varón desconocido accedió a su casa de Doctor Teixeiro", tras lo cual "Asunta aseguró que la habían intentado matar", pero el hecho "no fue formalmente denunciado".

La acusación popular considera que "los acusados decidieron continuar su plan de poner fin a la vida de su hija, por lo que, en ejecución preconcebida del mismo, a mediodía del 21 de septiembre de 2013, almorzaron con ella en el domicilio de Alfonso". "Los acusados administraron a la menor, como en otras ocasiones y subrepticiamente 'lorazepam' en cantidad de rango tóxico", apostilla en el escrito de acusación.

Posteriormente, a las 17,20 horas de ese día salió del domicilio paterno para dirigirse a casa de Rosario para hacer los deberes y sobre las 18,00 horas de esa tarde su madre trasladó "conduciendo su vehículo a la menor hasta la casa familiar en Montouto (Teo) a donde llegó a las 18,33 horas y desconectó la alarma". "En ese lugar, y antes de las 20,00 horas del 21 de septiembre, aprovechando su estado de somnolencia y desvalimiento ocasionado por la ingesta de lorazepam, procedieron a asfixiar a la niña obturándole la boca y las fosas nasales, de tal forma que se produjo la muerte por sofocación", sostiene la acusación.

TRASLADO DEL CUERPO

En su relato, asimismo, la acusación popular indica que, posteriormente, "trasladaron el cuerpo de la menor hasta las proximidades de una pista forestal del lugar de Cacheiras, donde fue hallada sobre la 1,30 horas de la madrugada del 22 de septiembre, con la misma ropa que había salido de casa de su padre, descalza y al lado del cadáver aparecieron unas cuerdas de color naranja con las que había sido atada de tobillos y brazos".

Previamente a la aparición del cadáver, según recoge el escrito de la acusación popular, "ambos acusados, continuando con su plan, a las 22,17 horas del 21 de septiembre comparecieron en la Comisaría de Policía de Santiago, donde denunciaron la desaparición de la menor como víctima de un secuestro, intentando confundir a la Policía, al indicar que la menor había permanecido en casa estudiando".

Los investigadores comunicaron a los padres a las 4,45 horas de ese 22 de septiembre el fallecimiento de su hija, tras lo que se dirigieron a la casa de Montouto, en donde "había una papelera en una de las habitaciones de la planta superior que contenía en su interior una mascarilla, un amasijo de papel con restos de fluidos orgánicos reciente y un trozo de la misma cuerda". Y en la despensa de la planta baja recogieron "una bobina de cordón plástico de color naranja, de la misma cuerda", según añade.

En el instante del registro, según se recoge en el escrito de acusación, el padre de la menor "sin ser preguntado da una explicación relativa a que esa era una cuerda que utilizaban los jardineros". Y al ser preguntada la acusada acerca del lugar donde se encontraban los bañadores que afirmó haber ido a buscar a Montouto, "ella duda y el acusado interviene ayudándole para indicar qué bañadores tenía que mostrar a los investigadores y el lugar en donde se encontraban".

AUTOPSIA

En relación a la autopsia, en el relato de la acusación popular se señala que los forenses del Imelga observaron en el cuerpo de la menor determinadas lesiones, "evidenciándose que la causa de la muerte fue la asfixia y, en particular, con la modalidad de sofocación".

"Las conclusiones a las que llegan los médicos forenses son: que la muerte de Asunta se produjo por una compresión sostenida sobre la boca y los orificios nasales con el efecto de asfixia; que la única etilogía médicolegal a considerar es la homicida; que sitúan el fallecimiento entre las 16 y 20 horas del 21 de septiembre de 2013; y que en el momento del fallecimiento, la víctima se encontraba bajo el efecto de una importante cantidad de lorazepam", apunta la acusación popular.

Por todo ello, en su escrito de acusación, la Asociación Clara Campoamor califica los hechos de un delito de asesinato y considera a los padres de la menor como coautores del mismo, con la agravante de parentesco, por lo que solicita para cada uno una pena de 20 años de prisión.

También la acusación popular interesa el mantenimiento de la actual situación personal de prisión provisional sin fianza de Rosario Porto y Alfonso Basterra.