Los okupas se las saben todas. "Controlan las calles del barrio para no levantar sospechas en su trabajo. Son profesionales", explicaba un antiguo okupa, desvelando que hay especialistas en abrir las casas para que otros entren a vivir en ellas. Sin embargo, las viviendas no son los únicos lugares que asaltan. Cualquier tipo de inmueble está al alcance de ellos, desde naves abandonadas hasta, aunque parezca sorprendente, las casetas de aperos en algunas zonas rurales.

Las okupaciones afectan a todos los sectores de la sociedad. La última víctima es Marisa C. de Azcárate, natural de Madrid y esposa del empresario jerezano José Ramón Estévez, según revela 'El Mundo' y 'El Diario de Cádiz, decidió poner en marcha el Grupo Kaizen Hoteles en el sur de España tras más de tres décadas de experiencia en el sector. Su inspiración: rehabilitar inmuebles históricos cumpliendo con las más rigurosas normativas de conservación y sostenibilidad. El resultado son tres exclusivos establecimientos, La Malvasía (El Rocío), Casa Palacio María Luisa (Jerez) y Don Ramón (Sevilla), que le han valido reconocimientos internacionales.

Así tuvo lugar la okupación

Con estas credenciales de solvencia y respeto patrimonial, Marisa emprendió la ampliación de Casa Palacio María Luisa mediante la compra del contiguo Palacio Garvey, aún en explotación y embargado por Hacienda. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula al encontrarse con que el actual responsable del inmueble, Enrique Faura, promotor con múltiples denuncias por vender viviendas sin construir, se niega a desokupar, instalándose como okupa. A pesar de tres intentos de subasta abortados por el propio Faura, él continúa aferrado al edificio.

La estrategia del okupa

Marisa detalla: “"Cuando lo compré, en el pliego figuraba que yo tendría que hacerme cargo de pagar los IBIs y la hipoteca que se debían, y lo asumí. También me dijo Hacienda que, en caso de compra o enajenación del inmueble, ese señor tenía que marcharse". Pese al aviso oficial y a que Faura posee varias sociedades, incluido Sfera Hoteles, él exhibe un contrato "hecho a sí mismo con una fecha que él mismo ha puesto, anterior a la subasta, diciendo que tiene alquiler hasta el año 2039".

“El contrato de alquiler es simulado. Ni siquiera lo tenía Hacienda. Tampoco hay facturas de los pagos mensuales, no lo ha registrado en sociedades, no paga impuestos, ni tasas, ni nada. Desde antes de comprarlo yo. Él tiene obligación de darme todos los papeles, porque el inmueble ya es mío. Pero nada, lo denuncio y él me demanda porque lo quiero echar”, denuncia la fundadora de Kaizen.

El okupa no cede

Tras litigios sucesivos, Marisa obtiene sentencias favorables que califican el documento de Faura como fraudulento, ordenan la entrega inmediata de la propiedad y le conceden una indemnización mensual desde la compra. No obstante, señala: "Él se va oponiendo a todo, dice que está enfermo, presenta una contrademanda... Todos los trucos para retrasarlo todo". Incluso llegó a confesar a un magistrado: “Su señoría, tranquilo, yo sé que voy a perder, sólo estoy aquí para ganar tiempo...”.

Convencida de que solo el cumplimiento estricto de la ley puede poner fin a este calvario, Marisa reivindica la celeridad judicial. “Esto no es como los okupas que pegan una patada y se meten en un piso o los que alquilan y luego dejan de pagar. También hay okupas industriales que están explotando negocios y no se van. El problema es la justicia, que es tan lenta que ni es justicia ni nada”, lamenta.

Apoyada en su fe en la profesionalidad de jueces y fiscales: “En España tenemos jueces, abogados, fiscales, administrativos... muy preparados. Pero no tienen medios, y eso hace que no exista justicia”, advierte sobre la “enorme inseguridad jurídica” que disuade inversiones extranjeras: "¿Quién va a invertir aquí cuando te puede salir cualquier delincuente con un papelito y te pasas siete años para demostrar que es falso?".

Marisa denuncia un fraude

Mientras tanto, el pequeño hotel continúa operativo con empleados que facilitan a Faura maquinitas de cobro sin factura ni registro fiscal. "Son cómplices. Les pides una factura y la maquinita de la tarjeta es de vaya usted a saber qué. Eso es ilegal. Están defraudando a Hacienda", subraya Marisa, refutando cualquier justificación de la ilegalidad con el argumento de la subsistencia: “Si necesitan dar de comer a sus familias, que busquen un trabajo como Dios manda. Yo también a la mía, pero yo pago los impuestos y no me salto las leyes”.

La empresaria reivindica "empresarios buenos, decentes, que cumplan... La decencia empieza por uno mismo", recordando que "los empresarios somos los que más trabajamos, los que antes estamos y más tarde nos vamos, los que pagamos antes a nuestros empleados que a nosotros mismos... A nosotros, de menos de 12 horas al día, ni nos hables". En su lucha, Marisa no solo defiende su propiedad, sino también la integridad del sistema que sostiene la confianza inversora y el respeto a la ley.