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MIR docente: Seis años de formación para ser profesor

El sistema de acceso a la profesión tendrá dos pruebas selectivas. El PP propone un fondo de cohesión para financiar el pacto

  • El nuevo sistema de acceso a la docencia pretende prestigiar la profesión
    El nuevo sistema de acceso a la docencia pretende prestigiar la profesión

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31 de enero de 2018. 04:31h

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30/1/2018

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Ser profesor tendrá más dificultad en el futuro. No sólo porque la formación se pretende que sea más exigente, de alta cualificación, sino porque el sistema que se quiere que salga adelante incluye varios procesos selectivos para escoger a los más competentes y, de este modo, prestigiar la profesión.

El modelo MIR llevado a la educación, que este fin de semana propuso el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, no estará vigente hasta dentro de seis años, por lo menos, y siempre que su diseño se apruebe este mismo año, como quiere Ciudadanos. Así, en el mejor de los casos, la primera generación MIR no estaría impartiendo clase en las aulas hasta dentro de ese tiempo. Y es que el plan que propone el ministro implicaría un mínimo de seis años de formación para conseguir la habilitación para dar clase.

El ministro esbozó este fin de semana un MIR por el que después de haber aprobado el grado, los alumnos deberán someterse a una prueba de selección para poder acceder a un periodo de prácticas, de dos años de duración, que serán tutorizadas. En ese tiempo se impartirá formación didáctica y pedagógica. Sólo si se obtiene una evaluación positiva, el aspirante se podría convertir en profesor para ejercer en la escuela pública o la privada.

El modelo de selección y formación del profesorado de Méndez de Vigo, similar al que ya planteó el PP en 2010 al ex ministro Gabilondo, es muy parecido también al MIR que propone Ciudadanos para poder ejercer en España como profesor. Su idea es que, transcurrida la formación de grado, los alumnos se sometan a un examen nacional y, sólo aquel que apruebe, podrá elegir el centro académico en el que realizar las prácticas remuneradas, guiadas y monitorizadas. Sólo después de lograr una evaluación positiva se considera que una persona podría impartir clase. Se trataría de una copia exacta del modelo MIR para los médicos.

La portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, ayer puntualizó que su propuesta ya quedó expuesta en una proposición de ley que su partido registró en 2016 y forma parte de los Acuerdos de Investidura con la formación naranja que el PP está obligado a cumplir. «No apoyaremos un MIR descafeinado en el que haya exámenes diferentes dependiendo de las comunidades autónomas», explicó Marta Martín.

Reformar el acceso a la profesión docente es una cuestión en la que todos los grupos políticos están de acuerdo, incluido Podemos, que ya en su programa electoral hablaba de instaurar un nuevo sistema en el que «se evalúen conocimientos específicos de área o materia, así como la capacitación pedagógica o las habilidades profesionales, con un amplio periodo de prácticas y una ponderación tanto de los méritos académicos como de los profesionales». Pese a esta propuesta, la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, criticó la propuesta de Méndez de Vigo de impulsar un MIR educativo de dos años de prácticas en el profesorado porque, a su juicio, es solo «una manera encubierta de precarizar aún más la escuela pública». Aunque la formación es un punto que figura entre los temas a negociar dentro del pacto educativo, Ciudadanos considera que «el Gobierno podría abordarlo independientemente del pacto y no sería necesario modificar la Lomce. Se podría hacer mediante una ley paralela», explicó Marta Martín.

La Subcomisión para el Pacto Social y Político por la Educación del Congreso retoma hoy el debate a puerta cerrada, que se centrará en la financiación del sistema educativo. El Grupo Popular, en concreto, propondrá un fondo de cohesión territorial que garantice la financiación de las medidas del pacto, además de la vertebración del sistema educativo y la igualdad de oportunidades en todas las comunidades, de tal manera que el gasto por alumno sea igual en todas las autonomías, tal y como explicó su portavoz, Sandra Moneo.

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