Primera demanda por la vacuna del papiloma

Han pasado ya cinco años, pero a Alicia Capilla no se le olvida la angustiosa experiencia que vivió su hija con una vacuna, a pesar de que sabe que salvan vidas. Imagínese que lleva a su hija a que le pongan la vacuna contra el virus del papiloma humano para evitar el cáncer de útero y que, en cuestión de segundos, todo empiece a ir mal, tan mal que su pequeña acabe en coma inducido y en una silla de ruedas durante unos meses que se hicieron eternos. Eso es lo que le pasó a la familia de Raquel, la hija de Alicia, cuando en 2009 fue a ponerse la segunda dosis –la pauta indica que se ponen dos o tres a lo largo de seis meses–. O al menos es lo que atestigua su familia. De ahí que hayan decidido interponer, ante la Audiencia Nacional, la primera demanda por los daños causados, la omisión de información y la negación de las reacciones adversas contra el Ministerio de Sanidad y el laboratorio fabricante, tal y como explica Francisco Almodóvar, socio del Bufete Almodóvar & Jara.

Y no será la única, «estamos preparando cuatro demandas más (otra en Valencia, una en Madrid, en Sevilla y en Alicante) para interponerlas en dos meses», avanza. Todas ellas persiguen algo común: «Que este calvario no lo sufra nadie más», resume la madre de Raquel, que a raíz de lo que le pasó a su hija decidió crear la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP) que preside. «No estoy en contra de las vacunas, si no, mi hija no tendría todas, lo que quiero es que se informe a los ciudadanos de las reacciones posibles. Una vacuna que a la mayoría no le da problemas, a algunas personas sí». Desde el Ministerio de Sanidad que ahora dirige Ana Mato –en 2009 estaba al frente Trinidad Jiménez– insisten en que «todas las vacunas tienen fichas técnicas en las que se especifican los detalles de ésta y los efectos secundarios que pueden producir. Además, los médicos, cuando vas a ponerte la vacuna te dan más información». Frente a lo que argumenta la madre de Raquel de que las vacunas pueden conllevar efectos secundarios a ciertas personas, Sanidad asegura que «los pediatras analizan los riesgos individuales de cada persona por si la menor tiene posibles alergias, por ejemplo». Además, desde 2008 se incluye dentro del calendario vacunal y para ello, «un comité de epidemiólogos ha tenido que dar su visto bueno y, previamente, ha sido autorizado por la Agencia Española del Medicamento».

Como relata Alicia, «Raquel se puso la segunda dosis de la vacuna en el Centro de Salud de Borjasol, en Valencia. A los minutos de inyectársela se mareó y a los 10 o 15 empezaron los problemas: fiebre, convulsiones...», recuerda. La trasladaron en ambulancia al Clínic, donde tras varias horas fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). «De los 91 días que estuvo hospitalizada, 42 los pasó en la UCI. Estuvo cuatro veces intubada (y coma inducido) y se pasó seis meses en una silla de ruedas... para que luego dijeran que se lo había inventado, que era algo psicológico». Eso es precisamente lo que más molesta a su madre. Al principio el personal médico afirmó que esta reacción «era por la vacuna, que había actuado como precipitante, y después, tras la creación del panel de expertos, cambiaron drásticamente de opinión, incluso le retiraron la medicación y mi hija no mejoraba. Y aun así le dieron el alta». Fue entonces cuando sus padres decidieron llevarla a un hospital privado. Allí «le dieron un reconstituyente de la mielina, un fármaco para evitar las convulsiones y le dijeron que tenía que hacer rehabilitación, tenía ataxia, no podía caminar». Aunque la madre prefiere no hablar de lo que le supuso económicamente todo este proceso, al final reconoce que «fueron más de 6.000 euros». No tenía seguro privado y pagar a «golpe de talonario» a un neurólogo, hacerle pruebas, los medicamentos... tienen un coste. Si bien, al menos la rehabilitación se la proporcionó un centro de salud.

«¿Cómo pueden decirme que mi hija se lo inventó? ¿soñó que estuvo en coma inducido, no poder caminar, perder casi un curso de colegio entrando y saliendo de hospitales?», se pregunta. «Queremos que se investigue y no sólo nieguen el problema, que se evalúe la evolución de las personas que han tenido reacciones adversas, que se les atienda desde la Sanidad Pública y que se informe a las hijas y a las familias de las posibles reacciones que puede tener esta vacuna como cuando uno se hace un TAC, ¿por qué no lo quieren decir?», se pregunta. De acuerdo con los últimos datos, de enero de 2012 –no existe un informe más actualizado–, el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano tiene registradas 737 notificaciones de sospechas de reacciones adversas asociadas a las vacunas frente al virus del papiloma humano. Y, como afirma Capilla, «hemos solicitado a la Agencia del Medicamento que haga un estudio relativo a las mismas».

Además de al Ministerio de Sanidad, la demanda interpuesta en la Audiencia Nacional también atañe a Sanofi Pasteur MSD, el laboratorio que distribuye Gardasil, la vacuna que, de acuerdo con el calendario vacunal unificado, se suministra a las niñas de 14 años. A través de un comunicado, aseguran no tener constancia formal de la interposición de la demanda. «Como compañía distribuidora ratifica la seguridad y la eficacia de esta vacuna para la prevención del virus del papiloma humano (VPH)». Del mismo modo, insiste en que «desde su comercialización, se han distribuido a nivel mundial más de 144 millones de dosis, de las cuales 29 millones han sido distribuidas en Europa». En lo que se refiere a su seguridad, «Gardasil es el resultado de 10 años de invstigación. Su seguridad se demuestra en los resultados de los estudios clínicos desarrollados entre más de 25.000 personas».