Hay una realidad incuestionable: pese a ser trascendental para el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS), la enfermería no ha sido nunca bien tratada por las autoridades sanitarias. Cualquier estudio o análisis de esta imprescindible profesión la señala como víctima de algunas injusticias flagrantes que deberían subsanarse tanto por su bien como por el de los pacientes a los que atienden.

Para empezar el relato de agravios, destacar que aún no se encuentra adscrita al grupo A1 de la Función Pública. Este hecho supone una serie de repercusiones organizativas en el escalafón de los centros sanitarios y en las retribuciones que ello conlleva. Su adscripción actual en el Grupo A2 es una herencia de un pasado, de hace décadas, en el que su formación se encontraba clasificada simplemente como diplomatura, cuando ahora es ya un grado universitario. Esta circunstancia provoca que, por ejemplo, un economista, un ingeniero, un abogado o, incluso, un periodista figuren por encima en ese escalafón y cobren un importe muy superior. Una anomalía en toda regla.

Otro de los agravios eternos es la falta de enfermeras en España. No es necesaria una nueva pandemia para observar con suma claridad que son más necesarias que nunca. No sólo en el día a día, sino por factores inevitables como son el progresivo envejecimiento de la población y la cronicidad de las enfermedades de los pacientes, que hacen más necesarios que nunca los llamados cuidados enfermeros. En los últimos años, España ha experimentado una de las transformaciones demográficas más profundas y rápidas de su historia. Lo que fue un país con una pirámide de población relativamente joven y un crecimiento vegetativo positivo se ha convertido en una de las sociedades más envejecidas y longevas, con la menor natalidad del mundo. El cambio más drástico y determinante ha sido el colapso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida.

Por todo ello, el Consejo General de Enfermería estima que en estos momentos en España harían falta 100.000 enfermeras adicionales para cubrir las necesidades de la población y equipararnos con el resto de los países de la Unión Europea. Dicha cifra ha sido además reconocida como cierta por el propio Ministerio de Sanidad. Al final, la insuficiencia financiera atávica de la sanidad española y el deseo de las autoridades de ajustar el gasto en el Capítulo 1 frenan estas contrataciones, provocando dicho déficit.

Si a este cóctel le sumamos los bajos salarios a las enfermeras es fácil entender la «fuga» de profesionales –y su consiguiente talento– al extranjero, con el contrasentido incluido de que nuestro país gasta mucho dinero en su formación para que luego otros países se beneficien.

Más injusticias: las englobadas en la llamada «prescripción enfermera», una práctica legítima que es cuestionada por otras profesiones como los médicos, los odontólogos e incluso los farmacéuticos, y que no es más que dar carta de legalidad a prácticas que se vienen realizando por la enfermería desde tiempos inmemoriales en los centros sanitarios sin que nadie se rasgue las vestiduras por ello. Un buen ejemplo, y que por estas fechas es muy obvio, la vacunación.

Otra controversia reciente que saltó a los medios de comunicación fue la administración de ácido hialurónico. La Justicia ha dado la razón a la enfermería.

Las distintas discriminaciones alcanzan a las comunidades autónomas que no les permiten acceder a puestos directivos de los centros sanitarios o de las propias consejerías. ¿Por qué sí pueden serlo abogados, economistas o periodistas y ellas no?

Y resultan más sangrantes estas trabas a tan noble oficio cuando son clave para el tratamiento de la principal causa de muerte: el cáncer. Ellas participan en las fases del proceso oncológico puesto que su rol no se limita a realizar técnicas y administrar tratamiento, sino que también abordan otras dimensiones de la persona dentro de equipos multidisciplinares, participando en la planificación terapéutica. Y muchas otras funciones más para todos imprescindibles.