Sólo el 23% de las personas que se quitaron la vida - y el 36% de las que lo intentaron- estaba en tratamiento

El suicidio es un problema de salud pública que, en España, está en tendencia creciente desde 2018. En 2022, se quitaron la vida casi 4.100 personas, un 2,3 % más que un año antes. Para poder abordar este problema de la manera más completa y holística posible, hay que recabar datos para poder comprender su complejidad. Los últimos en ver la luz parten del Ministerio de Justicia, y evidencian que el acceso a la atención en salud mental por parte de las personas de riesgo es muy limitado. "Sólo un 36% de los que realizaron un intento autolítico habían recibido tratamiento el año previo; en la ideación suicida solo el 20% lo había recibido y, en los suicidios consumados, esta cifra es del 23%", según aseguró el pasado viernes el secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo. "El compromiso de todas las administraciones debe ser el de impulsar medidas que reduzcan esas barreras en el acceso a los servicios públicos disponibles para toda persona que en algún momento de su vida tenga esa ideación suicida", añadió.

A su juicio, "el Sistema Sanitario Público es el eje nuclear a partir del cual se pueden desarrollar esas estrategias de prevención del suicidio por medio de herramientas tan relevantes como la detección precoz de la ideación suicida, la valoración del riesgo de suicidio en pacientes en situación de vulnerabilidad el seguimiento evolutivo, la atención integral y especializada y la vigilancia epidemiológica", declaró en el encuentro La importancia del dato en el análisis y prevención de la conducta suicida, organizado por el Ministerio de Justicia, según recoge Ep.

En este sentido, aseguró también que "la colaboración entre el estamento sanitario y los servicios forenses en materia de prevención del suicidio se ha intensificado en los últimos tiempos gracias al desarrollo de herramientas relevantes como la historia clínica electrónica".

Aunque el grueso de los datos que se manejan apuntan a que entre el 80 y el 90% de las personas que consuman el suicidio padecían un trastorno mental previo, investigaciones recientes reducen esa cifra al 70 e incluso al 50%. "No se debe caer en el reduccionismo de pensar que todo suicidio procede de una patología psiquiátrica sin tener en cuenta la realidad de que esos trastornos van acompañados muchas veces de circunstancias desencadenantes, ambientales o adaptativas o incluso reacciones situacionales que no tienen por qué suceder", señaló el experto.

Aumento de intoxicaciones autolíticas

Las intoxicaciones autolíticas con medicamentos también mantienen una tendencia creciente, siendo este el método elegido "mayoritariamente en mujeres jóvenes (66%), menores de 20 años", como indicó el jefe del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, José Luis Conejo Menor. Según estos datos, en 2022 se detectó un incremento del 29% en los casos de intento de suicidio mediante sustancias tóxicas respecto al año anterior, registrándose un total de 6.997 consultas de este tipo.

De las 8.246 consultas de intoxicaciones voluntarias, en un 83% (6.997 consultas) de los casos la causa era el intento de suicidio o autolisis. El grupo más afectado dentro de esta categoría fue el de la franja de edad de 11 a 15 años, con un 20% del total, seguido por el 13% de casos pertenecientes a la franja de 16 a 19 años.

Asimismo, en el 86% de estas intoxicaciones voluntarias el tóxico predominante fueron los medicamentos, sobre todo los que afectan al sistema nervioso central (un 82% del total). Ante estas cifras, Conejo Menor insistió en que "las tentativas autolíticas se pueden prevenir mediante estrategias multidisciplinares y a través de la socialización de los colectivos vulnerables".

Prevención y protección de personas vulnerables

El Ministerio de Justicia lleva a cabo algunas iniciativas para la prevención y protección de las personas vulnerables, como el Servicio de Intoxicación Toxicológica y las oficinas de asistencia a víctimas del delito, que son un recurso multidisciplinar de atención a las necesidades de la víctima, de carácter público y gratuito.

Olmedo quiso recordar también la importancia del Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID), que es, "en su cara visible, la posibilidad de realizar trámites legales con total certeza jurídica a través de una videoconferencia, pero que también puede servir de mucha ayuda a aquellas personas que están realizando un tratamiento psiquiátrico en un centro de internamiento o personas mayores que están en un dispositivo asistencial y que trasladarlas a un juzgado es garantizar su desorientación y pasar un mal día".

Por último, resalto el Sistema Integrado de Registros de la Administración de Justicia (SIRAG), una "herramienta fundamental para proteger a las víctimas a través de la inscripción de todas las medidas de protección desde que se dicta la medida y agilizando la comunicación entre las administraciones públicas". "Esta herramienta desempeña un papel fundamental en la prevención de suicidios, especialmente en situaciones de personas que han experimentado traumas importantes, abusos o violencia que pueden aumentar ese riesgo de suicidio. Trata de garantizar su seguridad física y alejar a las víctimas de situaciones peligrosas, abusivas o estresantes".