Solo el 29% de los gitanos accede al Ingreso Mínimo Vital

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) presentó ayer, en la sede del Ministerio de Inclusión, las conclusiones del estudio sobre el impacto del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la situación de pobreza de la población gitana en España en 2023 en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un acto que contó con la participación de la ministra de Inclusión, Elma Saiz, y de Sara Giménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano.

El informe trata de poner el foco en lo acuciante de la situación socioeconómica de la población gitana y en la capacidad del IMV para revertir esta desigualdad manifiesta. Los principales objetivos son tanto estimar el alcance del IMV, como conocer las limitaciones y obstáculos encontrados para ser persona beneficiaria. Los resultados han permitido identificar y analizar las barreras de acceso y ofrecer propuestas de reformas y mejoras en la configuración actual de la prestación para lograr una política de lucha contra la pobreza más eficaz.

Sara Giménez, directora de la Fundación Secretariado Gitano, consideró que «el IMV es un buen instrumento para la protección de las personas gitanas frente a la pobreza, pero no está desarrollando todo su potencial. Debe adaptarse más al perfil de las familias beneficiarias y generar oportunidades para la inclusión social, educativa y laboral».

La población gitana, por su especial desprotección y pobreza elevada, se ha situado entre los colectivos prioritarios para el IMV. Las cifras dan muestra de la dimensión del reto a afrontar: un 86% de la población gitana se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza, un 67% en situación de pobreza severa y un 46% en extrema pobreza. La tasa de pobreza infantil en la población gitana asciende al 89%.

Los datos evidencian la baja cobertura del IMV entre la población gitana, inferior a la estimada para el conjunto de la población en situación de pobreza. El IMV solo llega al 29% del total de la población gitana potencialmente beneficiaria que cumple los requisitos, en comparación con el 35% de la población general en exclusión social, según la estimación ofrecida en el segundo informe de la Airef (2023).

Además, la tasa de quienes, cumpliendo los requisitos, no acceden a la prestación, entre la población gitana es del 71%, muy por encima del 58% para el conjunto de la población.

La falta de información, dificultades con la documentación a aportar, largos periodos de tramitación o la brecha digital, son algunas de las barreras que pone de relieve el Estudio para el acceso al IMV y que restan eficacia a un instrumento como éste. De ahí la importancia de la asistencia o el apoyo por parte de las administraciones públicas o de entidades del tercer sector, a la hora de solicitar y gestionar una prestación como el IMV. El estudio demuestra que, con apoyos directos y adaptados a las circunstancias y perfiles de la población más vulnerable, el alcance y la cobertura de la prestación aumenta significativamente.

La baja cobertura del IMV, sumada a cuantías insuficientes para superar los umbrales de pobreza relativa, hacen que su impacto en la reducción de la pobreza sea débil. Si bien el Estudio demuestra con datos que el IMV no reduce la incidencia de la pobreza en la población gitana, pero sí su intensidad: contribuye más a superar la pobreza extrema, pero apenas afecta a la pobreza severa y, en ningún caso, saca del riesgo de pobreza.

Por otra parte, una renta mínima como el IMV es condición necesaria, pero no suficiente en la lucha contra la pobreza, por eso la propia legislación del IMV contempla mecanismos de activación asociados a la prestación. Sin embargo, se demuestra que la actual configuración del desarrollo del IMV no garantiza la aplicación de medidas de activación que faciliten el acceso al empleo, o el apoyo social y educativo de las familias. El 82% de los perceptores del IMV no ha recibido apoyo para buscar empleo; sin embargo, un 74% aceptaría un empleo si se lo ofrecieran. Sólo al 12% de hogares con menores les han ofrecido apoyo educativo, y más del 95% lo ha aceptado. Esto supone, en definitiva, que el IMV no rompe el ciclo generacional de pobreza que afecta a la población gitana.

Aún hoy un 4% de las familias gitanas habitan en chabolas y núcleos segregados y el 12% viven en infraviviendas o espacios que no reúnen condiciones adecuadas. Se trata, en muchas ocasiones, de asentamientos aislados de las ciudades que impiden también el acceso a las oportunidades, donde las personas viven en condiciones que conculcan los derechos básicos que nuestra sociedad, nuestro Estado y la Unión Europea propugnan. Condiciones que son intolerables e injustificables para un país con nuestro nivel de desarrollo, según la Fundación.

Los problemas de salud y atención sanitaria están directamente relacionados con las carencias en vivienda, educación, ingresos, etcétera y son factores esenciales que determinan el grado de bienestar de una población.