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Subrogada: Parejas españolas ya han solicitado la técnica en Portugal

No hace ni una semana que se aprobó la gestación subrogada altruísta en el país vecino y 13 de las solicitudes son extranjeras. La mayoría provienen de España. Las empresas que la gestionan en nuestro país lo confirman: «Hemos llegado a recibir 100 llamadas interesadas en un solo día»

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Tiempo de lectura 4 min.

09 de agosto de 2017. 00:49h

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7/8/2017

Una semana después de la promulgación de la legislación que autoriza la gestación subrogada en Portugal, el país vecino ya ha registrado las peticiones de más de medio centenar de parejas solicitando efectuar el tratamiento en el país luso; entre ellas hay al menos 13 parejas extranjeras.

Al omitir toda referencia a posibles requisitos de residencia o nacionalidad en su texto, la norma permite que el proceso sea completamente accesible para los no portugueses. Técnicamente, tanto las parejas interesadas como las madres gestantes –aquellas que llevarían el embarazo a término– no tienen la obligación de vivir en Portugal ni antes, ni durante, ni después del embarazo. Siempre que cumplan con los requisitos médicos y lleven a cabo todos los procedimientos en el país vecino, tendrán derecho a acceder a la gestación subrogada como cualquier ciudadano luso. A efectos prácticos, esto supone un enorme ahorro en comparación con las opciones de gestación subrogada actualmente existente a nivel internacional.

Fuentes del Consejo Nacional de Procreación Médicamente Asistida (Cnpma) –la entidad gubernamental que estará a cargo de autorizar las peticiones–, confirman a LA RAZÓN que la mayoría de las peticiones que les han llegado desde el exterior han sido formuladas por parejas de nacionalidad española. Al ser ilegal en España, hasta ahora quienes querían acceder a los popularmente denominados «vientres de alquiler» tenían que viajar a Ucrania, Estados Unidos, o países asiáticos para poder llevar a cabo este tipo de procedimiento. De repente, para muchas parejas españolas surge una oportunidad mucho menos complicada y costosa justo al otro lado de la frontera.

En nuestro país, la empresa Interfertility que se dedica a facilitar este procedimiento a ciudadanos españoles asegura que, tras la aprobación de la norma «hemos llegado a recibir más de 100 llamadas en un día de personas interesadas en viajara a Portugal. Es más, algunas familias ya se están uniendo y valoran la posibilidad de viajar en grupo. El perfil de los interesados son parejas de entre 30 y 40 años con problemas de fertilidad», explica uno de los portavoces de la empresa a este diario. Lo que temen es que «las clínicas lusas no puedan atender el aluvión de solicitudes». Por ahora, desde la empresa se muestran cautos: «Estamos esperando a que se publique el contrato definitivo para que los españoles acudan con todas las garantías».

El texto legal limita el acceso a este procedimiento a parejas casadas o de hecho en las que la mujer sufra un problema clínico que le impide llevar el embarazo a término. En concreto, la legislación establece que para este procedimiento sólo se admiten mujeres que hayan nacido sin útero, se lo hayan tenido que extirpar, o que hayan sufrido alguna lesión que imposibilite la función adecuada del órgano reproductor en la actualidad. Queda, por tanto, completamente descartada la gestación subrogada por opciones ajenas a problemas de infertilidad: no se puede optar a este tratamiento simplemente porque se quiera evitar la inconveniencia natural del embarazo, e igualmente quedan vetadas las parejas de homosexuales o mujeres solteras.

La legislación dicta que en cada caso un contrato –obligatoriamente redactado en portugués–establecerá las condiciones de la gestación subrogada. Aunque cada uno recogerá particularidades de la pareja beneficiada y la madre gestante, todos tienen que incluir ciertos conceptos fundamentales. El más importante es que la gestación tiene que ser completamente «solidaria»: la madre gestante no puede recibir recompensa económica alguna por llevar el embarazo a término. A efectos prácticos, las autoridades lusas consideran que esta condición hará que la mayoría de las madres gestantes sean familiares o amigas próximas de las parejas que busquen realizar este proceso.

Además de este concepto, el contrato también debe establecer que la criatura que nazca pertenezca exclusivamente a la pareja, de manera irrevocable. A la vez, el documento tiene que dejar claro ciertos derechos fundamentales de la madre gestante, entre ellos su derecho a elegir el médico obstetra y el sitio en el que quiere dar a luz. En caso de malformación, también tiene la decisión final sobre el futuro de la criatura, amparada por la legislación portuguesa que contempla el aborto.

Aunque el Cnpma está redactando un borrador de contrato que las partes implicadas podrán utilizar en el futuro, al promulgarse la ley muchas ya se han adelantado y han elaborado contratos propios con abogados portugueses especializados. Una vez realizadas las pruebas médicas que confirman la imposibilidad de dar a luz y después de seleccionar a una madre gestante y un centro de tratamiento, las parejas pueden registrarse en el Cnpma, que tiene un plazo de 60 días para aceptar o rechazar la petición. Si es admitida, el caso pasaría a la Orden de Médicos lusa, que también tendrá 60 días para opinar sobre cada caso. Esto quiere decir que a finales de octubre ya se podrán tener las primeras aprobaciones de las peticiones realizadas esta última semana.

La dificultad de encontrar una gestante

Uno de los principios más importantes de la norma lusa es que la gestación debe ser altruista. La comisión de ética hace especial hincapié en este punto. «Localizar a una persona que, de manera voluntaria, se ofrezca para ser la gestante es uno de los principales escollos que van a tener muchas familias españolas. Va a haber más parejas interesadas que mujeres voluntarias», afirma el portavoz de Interfertility. Con este modelo, el Gobierno luso quiere evitar la mercantilización de la mujer y restringir este modelo reproductivo.

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