¿Combatir el virus o el estrés social de informar sobre él?

“Por parte de los Cuerpos policiales actuantes y los centros competentes de la Secretaría de Estado de Seguridad se impartirán directrices para prevenir y minimizar los efectos de la desinformación, expremándose la vigilancia y monitorización de las redes y páginas web en las que se difundan mensajes e informaciones falsas orientadas a incrementar el estrés social instando en su caso las medidas de intervención previstas en la legislación aplicable”. Copio y pego, no improviso.

Se trata del segundo párrafo del apartado 8, acuerdo cuarto, de la Orden del Ministerio de Interior 226/2020 del 15 de marzo, por la cual se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma. Ahí es nada.

¿Informaciones falsas orientadas a incrementar el estrés social? ¿Cómo se valora eso exactamente? ¿De qué estamos hablando y cómo encaja en el código penal? ¿Cómo y quién lo evaluará y de qué manera se cuantifica?

Me genera mucha desconfianza que se introduzca una instrucción por la cual quedará en manos de vaya usted a saber quién en concreto -y de su especial sensibilidad- el decidir si una publicación en redes o webs, en internet, contribuye a elevar la tensión social.

El término es tan ambiguo -estrés social- que parece más bien una expresión lo suficientemente flexible, lo suficientemente vaga, como para encubrir lo que, a mi juicio, no es más que un atentado directo contra la libertad de expresión e informativa. Me recuerda a ese otro “delitos de odio”.

Y no solo se trata de que no me queda claro qué es exactamente el estrés social, ni cómo se cuantifica, ni qué exactamente y de qué manera contribuye a elevarlo. Es que tampoco me queda claro cómo se va a demostrar o comprobar la intencionalidad de lograrlo, la mala fe.

Es más, si esta instrucción hubiera estado en vigor hace apenas unos días, cuando el portavoz de Sanidad, Fernando Simón, manifestó que no era desaconsejable asistir a la manifestación multitudinaria del 8 de Marzo porque no constituía ningún riesgo, pareciera que hubiese sido aplicable, pues se ha demostrado temerariamente inexacta, como poco.

La libertad de información ya se encuentra regulada y delimitada claramente por los límites del derecho al honor, intimidad, propia imagen y el derecho de rectificación. El riesgo de noticias o informaciones poco contrastadas, o directamente falsas está ahí, cierto. Pero no menos cierto es que siempre lo ha estado. El ciudadano medio no es un ser mermado, vulnerable, al que haya que tutelar. Parece, a priori, capacitado para ejercer su derecho a ser informado, cribando y seleccionando, discerniendo por sí mismo, seleccionando aquello que consume. ¿Por qué debería quedar en manos de otra persona, alguien sin definir y con un criterio propio e íntimo, qué es lo que llega a sus manos y por qué? ¿De qué estamos hablando en realidad? No lo tengo muy claro, la verdad.

Aun en el caso de que resultara creíble que seamos todos al mismo tiempo susceptibles de vernos afectados gravemente por aviesas informaciones y creadores desalmados de las mismas, no se nos puede proteger de nosotros mismos aniquilando derechos fundamentales. Porque ante la más mínima duda, debería primar la libertad de expresión. Siempre.

Me parece esta una medida desmesurada y paternalista en el mejor de los casos. En el peor, me parece una peligrosa herramienta de censura. Y no me transmite ninguna tranquilidad pensar que pueda verse legitimada socialmente -esa misma sociedad que adolece un estrés social que podría verse incrementado por a saber qué- debído a las especiales circunstancias en las que nos encontramos.

Eso sí sería grave: que nos convencieran de que nuestro derecho a comunicar y recibir información libremente debe ser tutelado. Por nuestro propio bien.