El año de la austeridad y el descontrol

Solon (638AC-558AC), uno de los «Siete sabios» de Grecia y autor de la Constitución ateniense del 594 AC, defendía que «la austeridad es una de las grandes virtudes de un pueblo inteligente». Los defensores de un cierto rigor económico en la Unión Europea, tras las alegrías monetarias de los últimos años, no inventan nada. Nadia Calviño, por y sobre la campana, como es la tradición europea, ha logrado un acuerdo de mínimos para el regreso a la ortodoxia económica a partir de 2024. La todavía «vice» de Pedro Sánchez habla de un «broche de oro» del turno de la presidencia española de la Unión Europea que, digan lo que digan, ha pasado sin pena ni gloria. La reintroducción de las llamadas fiscales significa para España que deberá reducir un 1% anual la deuda pública, poner en marcha un ajuste del déficit estructural y que el gasto primario –sin contar el pago de intereses de la deuda y el subsidio por desempleo– no podrá superar a los ingresos. Todo eso, traducido a números, representaría una reducción de la deuda de unos 15.600 millones y 6.600 millones menos de déficit. Para conseguirlo solo hay dos fórmulas, gastar menos o ingresar más o una combinación de ambas. Las pistas que ha ofrecido hasta ahora el Gobierno, por una parte a través de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por otra, por lo que dice la vice Yolanda Díaz, apuntan a más gasto y, claro, aunque nadie lo reconoce, más impuestos, pero más impuestos de los que recaudan, no de los impulsados de «cara a la galería» o para perseguir a los ricos, todos ellos de eficacia más que limitada.

El Gobierno acaba de sacar adelante el mayor «techo de gasto» de la historia, casi 200.000 millones, aunque esa es sólo una pequeña parte de los gastos totales de las Administraciones Públicas, que rondarán los 650.000 millones de euros, una cifra que, desde luego, de austera tiene poco. Es decir, en 2024, el gasto, diga que diga parte del Gobierno –la otra exigirá gastar todavía más– seguirá descontrolado y, aunque no es un consuelo, también en Europa y por supuesto en Estados Unidos, en pleno año electoral y con el fantasma de Donald Trump en el horizonte. Las teóricas «exigencias» europeas requerirían que España reduzca 6.600 millones su déficit público. Sobre un gasto total de esos 650.000 millones –cantidad difícil de imaginar–, no parece un empeño hercúleo, ni mucho menos, si se quiere encarar el asunto. Nada indica que se vaya por ese camino, sino por el de subir el IRPF, uno de los pocos impuestos que recaudan, ante el rechazo frontal a aplicar una reforma que homologue el sistema tributario español al de la mayoría de países europeos. Supondría aumentar la presión fiscal indirecta, que es la que hace que la española sea más baja, pero eso parece descartado. Yolanda Díaz se opondrá, pero también Ione Belarra y muchos de los variopintos aliados del Gobierno y sobre todo de los grupos izquierdistas más radicales.

La mayoría de los expertos independientes coinciden en que la economía española no se despeñará en 2024. Tampoco podrá presumir de crecimiento, el 1,6 % según las últimas previsiones del Banco de España, en el que Pablo Hernández de Cos encara la recta final de su mandato improrrogable de seis años, con la incógnita de que si el Gobierno optará por un relevo técnico o muy político, que alabe su política económica, sea la que sea. Ahí está el ministro José Luis Escrivá en primera fila, por si suena la flauta, aunque su gestión en la Seguridad Social no es la mejor tarjeta de presentación.

Las cuentas de las pensiones siguen sin cuadrar y se han agravado. Los expertos también coinciden en que lo más probable es que la economía española profundice su deterioro y su pérdida de competitividad. Todo poco a poco, de una forma casi imperceptible, pero que a medio y largo plazo puede dejarla en una situación de precariedad. Hay signos alarmantes que, sin embargo, no llaman la atención salvo a los expertos. La inversión extranjera, que siempre es un buen termómetro, ha caído en los nueve primeros meses de 2023 un 23 % y está muy lejos de los máximos de 2018. La inflación subyacente, la estructural, ya es superior en España a la de la media de la UE. La prima de riesgo también es mayor que la de Portugal y se acerca a la griega y un informe de Citibank considera que España, con Pedro Sánchez al frente del Gobierno, es el país más expuesto a riesgos generales.

El 2024 debería ser el del principio de una austeridad, que podría ser moderada si se administra bien, pero existe el temor cierto de que sea el del descontrol y el gasto. La austeridad lleva mala fama y muy pocos creen que deba ser una de las virtudes de los pueblos inteligentes, como pensaba Solon. ¡Feliz Navidad!

Relevo en Bankinter para que todo no siga igual

Dolores Dancausa ha sido ascendida nominalmente a la presidencia de Bankinter, un cargo sin poder ejecutivo, que ahora queda en manos de la nueva consejera delegada, Gloria Ortíz, una persona «de la casa» desde 2011, pero sobre todo de la confianza del vicepresidente ejecutivo, Alfonso Botín, representante de algo más del 20 % de las acciones del banco que controla su padre Jaime Botín y el resto de sus hermanos. Es decir, todo el poder en el banco se concentra en la familia Botín.

Una edificación puede llegar a pagar hasta siete veces el mismo impuesto

La «Guía sobre la tributación y el alquiler de vivienda», que elabora el servicio de Estudios del Consejo General de Economistas de España, ha constatado que «la modalidad Actos Jurídicos Documentados, Documentos Notariales, del Impuesto sobre Transmisiones» se llega a pagar «hasta siete veces en una promoción y venta de edificaciones. La Guía también detalla que el comprador de una vivienda paga un 10 % del precio en impuestos, mientras que el promotor tiene que abonar casi un 9 %.