La sucesión de Calviño al frente de Economía y todos sus deberes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deshoja estos días la margarita para elegir al sustituto de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía. Aunque aún el presidente no ha anunciado el nombre del sucesor o sucesora de la que es ya máxima responsable del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el mundo económico espera que el nuevo titular sea un profesional de reconocido prestigio, con un perfil eminentemente técnico, capaz de hacer frente a los innumerables retos que España tiene en materia económica.

El primero de estos desafío entra en vigor el próximo 1 de enero. Y es que en apenas una semana se desactivará la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que obligará a España a realizar un mayor esfuerzo de consolidación presupuestaria.

Tras cuatro años en lo que las reglas fiscales, que fijaban un límite del 3% en el déficit público y un 60% en la deuda pública, han permanecido suspendidas como consecuencia de la pandemia y, posteriormente, de la Guerra de Ucrania, los estados deberán volver a la senda del equilibrio.

Esta misma semana el Ecofin se reunía de urgencia por videoconferencia y cerraba un acuerdo sobre los detalles de cómo se producirá este ajuste. Los países, como España, cuya deuda supere el 90% del PIB tendrá que reducirla en un 1% al año mientras que los estados en los que se sitúe entre el 60% y el 90% deberán recortarla en un 0,5%. Por su parte, las naciones que tengan un déficit por debajo del 3 % del PIB deberán seguir reduciéndolo hasta el 1,5 % con el fin de crear un colchón para tiempos difíciles. Los ajustes se realizarán a lo largo de cuatro años y podrían ampliarse a siete a cambio de nuevas reformas e inversiones.

Revisar estrategias

Así, España tendrá que hacer un esfuerzo y revisar su estrategia presupuestaria, que se ha caracterizado en los últimos años por una clara expansión, por lo que cuadrar las cuentas no se presenta como una tarea fácil.

El Plan Presupuestario 2024 presentado por el Gobierno prevé un déficit del 3,9% en 2023 y del 3% en 2024, mientras que estima que la proporción de deuda sobre el PIB se situarán en el 108,1% en 2021 y en el 106,4% en 2024, muy lejos del 60% al que se aspira. Unas previsiones oficiales que no dejan de ser optimistas, ya que que las de la AIReF, por ejemplo, aumentan el déficit hasta el 4,1% en 2023 y vaticina que se mantendrá por encima del 3% en todo el periodo 2024-2028. Por su parte, la deuda de las Administraciones Públicas se elevó en el tercer trimestre del año a casi 1,58 billones de euros, lo que representa el 109,9%, según los datos del Banco de España.

De esta forma, Bruselas forzará a España a adoptar medidas encaminadas a reducir su déficit estructural, un adelgazamiento que, no obstante, se deberá conjugar con un incremento del gasto en Defensa y de la inversión para acelerar la transición energética y digital.

Por lo tanto, será necesaria una cirugía de precisión que recorte el gasto superfluo y un empleo eficiente de los recursos. En este sentido, Funcas aboga por concretar una reforma para optimizar un sistema fiscal que desempeñe un papel central en el reequilibrio presupuestario y reforzar el «andamiaje institucional» que permita generalizar evaluaciones rigurosas del gasto público sobre las que fundamentar ajustes y reasignaciones de partidas. Santiago Lago, en el informe «La reforma de las reglas fiscales y la coyuntura económica», publicado por el «think tank» económico, se inclina por evitar recortes genéricos e indiscriminados como los que se aplicaron en la década pasada, aunque advierte de que «sin medidas de ajuste adicionales y sin cambios en la política de gasto e ingresos, el déficit estructural continuará». Una situación, que si no revierte, puede provocar que España se enfrente a un procedimiento por déficit excesivo.

Este reequilibrio de las cuentas públicas se produce, además, en un contexto en el que el coste de la financiación se ha encarecido, por lo que España tiene que pagar mayores intereses por la deuda que renueva. La AIRef ha calculado que, por este motivo, el coste de la misma pasará de los 31.800 millones que se pagaron en 2022 hasta los 57.800 millones en 2027. Más de 24.000 millones en apenas un lustro.Un ajuste que también se deberán realizar en medio de una claro enfriamiento económico, precisamente, provocado por las medias de política monetaria, y que ya se está comenzando a notar. «La inversión ha caído y también las familias están reduciendo el consumo, una tendencia que se intensificará en 2024, ya que, por ejemplo, se van a eliminar las bonificaciones a la energía. Es necesario que todos estos actores tengan renta disponible, algo que solo se puede promover reduciendo impuestos y también gasto público», destaca Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo y del IE Business School.

Una desaceleración que está obligando a revisar la previsiones de crecimiento de los distintos organismos e institutos económicos para el próximo año. El último en hacerlo ha sido el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que esta misma semana recortaba hasta el 1,5% la expansión de la actividad en 2024.

Por el momento, el Gobierno parece confiar en el incremento de los ingresos, vía impuesto, para reducir el déficit. Sin embargo, este exceso de carga impositiva, especialmente para las empresas puede provocar efectos indeseados sobre la inversión y disparar, asimismo, la economía sumergida.

Por ello, el IEE en su último informe sobre coyuntura económica hace especial hincapié en la necesidad de crear un clima favorable para la empresa y a la inversión para garantizar el progreso de la economía española. Así, alerta sobre que el Excedente Bruto de Explotación (EBE) de las sociedades no financieras no ha recuperado aún el nivel su nivel precovid, siendo todavía un 3,6% inferior al de 2019, una evolución que contrasta con la de los costes laborales unitarios, que han crecido un 13,3%. Y es que, tras la crisis de 2008, el crecimiento económico no se ha visto acompañado de una mayor fortaleza de la inversión empresarial, como se está produciendo en otros países de la UE. Y como muestra, un botón. La tasa de inversión promedio de la economía española en el periodo 2009-2022 es un 7% inferior a la de los países que integran la Unión Económica y Monetaria (UEM), según los datos del IEE.

Incertidumbre

Tampoco el Indicador de Incertidumbre Industrial invita al optimismo, ya que, en España, es más acentuado que en el resto de la Unión Europea, una falta de confianza que lleva a las empresas a posponer sus decisiones de inversión. «Las empresas necesitan cubrir costes de financiación y también tener recursos para invertir, pero si no tiene la rentabilidad por el incremento de los costes que están soportando, tampoco tendrán acceso a recursos. Y es que hay en cuenta que los costes laborales han crecido por encima de la inflación y también del deflactor del PIB, lo que explica que EBE no se haya recuperado y, por tanto, que la inversión continúe retraída», asegura Gregorio Izquierdo, director general del IEE.

PIB per cápita

De acuerdo con el último informe de perspectivas a largo plazo de la OCDE, España es uno de los cinco países que menor crecimiento del PIB por habitante registrará de aquí a 2060, debido fundamentalmente al envejecimiento de la población y al letargo de la productividad, cuyo crecimiento promedio entre 2014 y 2022 fue del 0,3%, inferior al 0,9% del conjunto de la UE. En 2022, el PIB nominal por hora trabajada en España era un 76% del valor registrado en la eurozona y solamente el 63% de Alemania, según datos de Caixbank Research. Más preocupante que la distancia existente es constatar que esta brecha apenas se ha reducido en las últimas dos décadas (en el año 2000, el PIB por hora trabajada español era un 74% del valor registrado en la eurozona y el 61% del de Alemania).

Una de las claves de la productividad radica en la calidad del capital humano de una economía. Los trabajadores con un nivel educativo más alto y técnicamente más cualificados son más productivos. «En España, la productividad no crece porque tampoco la formación se adapta a las demandas de la empresa. Existe un déficit significativo en el nivel de formación de los trabajadores con respecto al promedio de la eurozona. Hace falta una reforma educativa que se adapte a la realidad. No obstante, España tiene una gran oportunidad gracias a los fondo Next Generation de desarrollar un política industrial y tecnológica que permitan al tejido empresarial español, fundamentalmente constituido por pymes, crecer y desarrollarse», afirma Pampillón. Sin embargo, de los 31.000 millones asignados en 2021 y 2022, solo ha gastado 7.400. Todavía tiene otros 140.000 que puede utilizar, pero no los está canalizando de manera eficiente porque las trabas burocráticas para obtenerlos son muy elevadas. «Como todo se centraliza, no se traslada no a las comunidades autónomas ni a las fundaciones ni a las patronales, que podrían contribuir a distribuir estos recursos», apostilla.

Otro de los grandes retos de España es aumentar su inversión en I+D+i, a la que tan solo destina el 1,44% del PIB. Proporción que contrasta con la de Alemania, que asciende al 3%, o con la de Corea del Sur, que ya alcanza el 5% del PIB. Por este motivo, los expertos apuntan a que las reformas estructurales deberían orientarse hacia el fomento de la inversión empresarial en innovación, ya que las nuevas tecnologías mejorarían la eficacia y productividad de los factores y, en definitiva, la competitividad de las empresas.

«Una política orientada al fomento de la inversión privada es el mejor ejemplo para hacer crecer la productividad y mejorar la competitividad. La inversión empresarial mejora la eficiencia productiva y, en consecuencia, el crecimiento potencial, por lo que aumentar la tasa de inversión es fundamental para afrontar los retos pendientes de la economía», precisa el director general del IEE.

Se aleja la convergencia

Tanto la productividad como la tasa de ocupación y, en menor medida, el número de horas trabajadas, están siendo los factores determinantes en la evolución del PIB per cápita de la economía española y, por tanto, en su proceso de convergencia con sus principales socios comerciales. Y es que, actualmente, España está 15 puntos por debajo de la media europea. Un retroceso que se produce mientras que países como República Checa o Malta nos adelantan. Y es que, desde 2008, hay un escaso avance de la productividad pese a que la afiliación a la Seguridad Social está en record, algo que se explica por el mayor peso relativo del sector público, ya que la realidad es que el sector privado aún no alcanzado los niveles anteriores a la pandemia.

Desde el IEE, apuntan a que nuestras economía necesita de una mayor estabilidad y predictibilidad de las políticas económicas, que se centren en crear un clima favorable a las empresas y a su proceso de inversión y de creación de empleo. «El problema es que el crecimiento presente se está consiguiendo a costa de condicionar la expansión futura y la inversión a largo plazo», concluye Izquierdo.

Pensiones, la reforma imposible

La pirámide poblacional comienza a ensancharse, y mucho, en la cúspide, mientras que la bases es cada vez más estrecha. Por este motivo, el gasto en pensiones, pero también en Sanidad y Servicios Sociales, presionará las finanzas públicas. El informe «Pensions at a Glance 2023», elaborado por la OCDE, recoge que España en uno de los países desarrollados del mundo con una tasa de reemplazo de pensiones más alta de los países desarrollados. Se trata de un indicador que mide el poder adquisitivo de los jubilados al sustituir los salarios por pensiones y que, en el caso de España, se sitúa en el 80,4%, frente al 50, 7% de media de la OCDE, y eso que somos el segundo país con una tasa de fertilidad más baja de todos los países con los que se realiza la comparación. Tan solo disfrutan de unas pensiones más generosas que las españolas, Grecia, con el 94,2%.

Pampillón asegura que se trata de un sistema insostenible, que requiere una importante reforma porque la última planteada por el ministro Escrivá es claramente insuficiente. «Solo hay que mirar la pirámide de población. Las nuevas generaciones son un 30% más pequeñas que la comprendida entre los 40 o 50 años. O entran inmigrantes jóvenes, o el sistema no se podrá sostener», expone.

Una financiación, la de las pensiones que, a juicio del catedrático, no puede recaer sobre la espalda de los empresarios a través de la subida de las cotizaciones sociales. Y es que España dedica a financiar las pensiones públicas el 11,3% del PIB, frente al 7,7% del conjunto de la OCDE.

Por su parte, los costes laborales por trabajador han subido en el tercer trimestre en relación al mismo periodo del año anterior un 5%, por encima de la inflación, siendo el incremento del coste salarial del 4,2% y disparándose hasta el 7,2% en el caso del no salarial, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una subida que está encareciendo la mano de obra, algo que se va a notar en los márgenes empresariales y, una vez más, en la inversión.

Sin duda, grandes retos a los que se enfrenta el sucesor de Calviño, ya que mantener el crecimiento y el bienestar futuro depende de que se hagan bien los deberes.