El Ejecutivo de Sánchez ha anunciado el mayor contrato de compra de espacios para publicidad institucional

El Ejecutivo de Sánchez se ha convertido en el mayor anunciante en España, promoviendo sus iniciativas destacadas a través de múltiples medios de comunicación. Durante el año 2022, ha incurrido en el mayor gasto en publicidad institucional desde 2009.

El Gobierno de España ha anunciado el mayor contrato de compra de espacios para publicidad institucional en medios de comunicación y otros soportes de toda la historia del país. Este contrato, con un precio máximo de 400 millones de euros sin impuestos, está previsto para dos años, prorrogables a otros dos. La millonaria licitación de publicidad institucional tiene lugar a poco más de tres meses de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas. De media, se destinarán 100 millones cada año, una cifra récord muy alejada del suscrito en 2021 y previsto para dos años.

El contrato de 2021 estará vigente hasta el 28 de febrero y su valor era de 112 millones de euros -sin impuestos-, 56 millones cada año, un 79% menos que el acuerdo marco hecho público recientemente. El anterior acuerdo se tramitó por la vía urgente, mientras que el nuevo se ha llevado a cabo mediante una licitación pública.

El objetivo de este contrato de publicidad institucional es difundir los mensajes y campañas del Gobierno en diversos medios de comunicación y soportes publicitarios, con el fin de llegar a una amplia audiencia y concienciar sobre temas de interés público.

El anuncio de este contrato ha generado cierta polémica en España, ya que algunos partidos políticos y ciudadanos consideran que se trata de un gasto excesivo de dinero público en publicidad institucional, especialmente en un contexto de crisis económica y social. Otros argumentan que se trata de una inversión necesaria para difundir información relevante para la ciudadanía y que puede contribuir a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del Gobierno.

En cualquier caso, el contrato de publicidad institucional en España es un tema que genera debate y controversia, ya que implica un uso del dinero público que debe ser evaluado y controlado con rigor para garantizar su eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos propuestos.