Informe revela 2.419 agresiones en el conflicto armado colombiano

(EFE). Las misiones médicas fueron objeto de al menos 2.419 agresiones de todo tipo en 60 años de conflicto armado en Colombia, señala un informe presentado este jueves por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad que documenta además otras vulneraciones del derecho a la salud.

La investigación, que abarca el periodo comprendido entre 1958 y 2019, pone de relieve que los actores del conflicto armado no respetaron ni a quienes llevaban a cabo misiones de carácter humanitario en el país. “Estamos aquí para mostrar nuestra solidaridad y la verdad de hombres y mujeres que lucharon para proteger la vida humana en medio de la tragedia que ha vivido el país”, dijo el presidente de la Comisión, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, en un acto de reconocimiento celebrado en Bogotá.

GUERRA CONTRA LA SALUD

Según el informe, profesionales de la salud que ejercían su labor en medio de las hostilidades y violaciones de derechos humanos, sufrieron amenazas constantes de los grupos armados para silenciarlos e impedir su trabajo, principalmente en zonas rurales ya devastadas por el conflicto.

La Comisión recordó el caso de la enfermera María Cristina Cobo, quien fue retenida por un grupo paramilitar que interceptó el vehículo en el que se desplazaba por una carretera del departamento del Guaviare el 19 de abril de 2004.Después de ser torturada y abusada sexualmente, los integrantes de ese grupo la asesinaron y desaparecieron su cuerpo, tras lo cual la acusaron de ser colaboradora de la guerrilla.

Según la Comisión de la Verdad, su caso es uno entre las 1.754 infracciones contra la vida de los trabajadores de la salud, quienes por el solo hecho de ejercer su profesión fueron estigmatizados por uno u otro grupo en medio del conflicto armado y acusados de tener vínculos con el bando enemigo.

“El miedo y el riesgo latente afectaron directamente a las misiones médicas y a las comunidades. Las infracciones a la misión médica generan la negación del derecho a la salud y tienen efectos inmediatos sobre las comunidades”, explicó la Comisión.

VIOLACIONES DE DERECHOS

Como consecuencia de esos atentados, los grupos armados dejaron a mujeres embarazadas sin acceso a controles prenatales, a niños sin vacunas, a adultos sin tratamientos para enfermedades crónicas y minaron la confianza en la institucionalidad.

Las comunidades víctimas de esas hostilidades sufrieron graves daños colectivos en su salud mental, afectaciones por la aspersión de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato, y al ser desplazados a la fuerza llegaron a ciudades donde no había una política pública de atención médica para ellos.

También fueron agredidos los conocedores de la sabiduría ancestral de las comunidades étnicas en cuyas regiones los grupos armados propiciaron la pérdida de sus conocimientos medicinales y afectaron la memoria colectiva de las comunidades.

“La Comisión realiza hoy este quinto acto de reconocimiento de la verdad desde la salud y lo hacemos para llamar la atención sobre los horrores de la guerra, sus graves impactos sobre la salud, la naturaleza y el territorio. Estamos aquí para decirle a las víctimas que no son ciudadanos de segunda ni culpables de sus desgracias”, dijo el comisionado Saúl Franco.

SAQUEO DE PARAMILITARES Y POLÍTICOS

Según los testimonios y documentos recopilados por la Comisión, en algunas regiones que poco a poco estaban construyendo su infraestructura sanitaria se dieron alianzas entre el sector público y los grupos armados ilegales que saquearon los recursos del Estado.

Es el caso de la región Caribe donde entre el 2000 y el 2010 siete departamentos fueron sometidos por la “parapolítica”, que usó recursos de la salud para la compra de votos y el fortalecimiento de los grupos paramilitares con dinero y con cargos públicos en hospitales.

Para esa fecha los paramilitares habían extendido sus tentáculos en esa zona del país y se quedaron con unos 530.000 millones de pesos de recursos públicos (unos 140 millones de dólares), mientras la salud se convirtió en un negocio rentable por el que asesinaron, desplazaron, amenazaron, señalaron y persiguieron a los profesionales para manejar a su “antojo” los activos del Estado. “En Colombia el sector salud no es héroe, es víctima. Ha sido vulnerado y hoy ni el 20 % de los trabajadores de la salud tenemos una estabilidad”, reclamó la enfermera y líder sindical Astrid Gualtero.

RECONOCIMIENTO DE LAS FARC

Durante el acto de hoy, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido tras el desarme de esa guerrilla, reconoció “los terribles hechos que nunca debieron suceder” y pidió perdón por las responsabilidades individuales y colectivas en atentados contra los profesionales de la salud.

“Pedimos perdón por las amenazas contra las personas que ejercieron la misión médica, pedimos perdón por el asesinato del promotor de salud de la comunidad (indígena) Jiw en Barranco Colorado (Guaviare), en agosto de 2002″, dijo el miembro de la FARC Jaime Parra, conocido en su época de guerrillero como “Mauricio Jaramillo”.

Según Jaramillo, “ver el dolor, la angustia, sentir la decisión que las comunidades tuvieron que tomar de abandonarlo todo frente a estos crímenes es nuestro deber como revolucionarios. El perdón es un proceso largo, lo sabemos, no descansaremos hasta lograrlo”.

Los principales responsables de las afectaciones contra las misiones médicas fueron actores no identificados (750), seguidos de los grupos guerrilleros (631), paramilitares (363), y fuerzas del Estado (61), pero también hubo hechos en los que organizaciones ilegales actuaron apoyados por instituciones armadas legales.” (Antes) uno andaba tranquilo y no tenía ningún problema pero durante el conflicto armado hubo mucha tristeza porque algunos pacientes se le morían a la gente en los caminos o en las casas porque no podían salir porque estaban los caminos cerrados", narró la médica tradicional y partera María Sobeida Herrera.

Aunque la salud sobrevivió a los peores atentados de los grupos armados, las víctimas advirtieron hoy que el sistema continúa en una crisis profunda cuyo reto es llegar a las comunidades con una atención integral y humanizada.